Por: Guadalupe Orona Urías
Tres episodios significativos, ocurridos en un sólo día, quiero compartir con mis lectores (muy escasos, por cierto), primero: el pasado miércoles 8 de los corrientes se hizo presente una comisión representativa, de poco más de 5 mil hidalguenses, de diferentes comunidades y colonias populares, ante las puertas del palacio de gobierno del estado de Hidalgo a solicitar audiencia con el gobernador, Lic. Omar Fayad Meneses, pues en los ocho meses que ya transcurren del presente año “no ha tenido tiempo” para atender a miles de familias organizadas en el Movimiento Antorchista, que, obviamente, también son hidalguenses, que en su mayoría votaron por él y que tienen derecho constitucional y legítimo; pero, en lugar de encontrar atención, inmediatamente se cerraron las puertas del palacio, lo que obligó al numeroso contingente a marchar por las céntricas calles de la ciudad de Pachuca reclamando atención y solución a sus demandas; pasaron cinco horas y no hubo funcionario alguno, con capacidad resolutiva, que atendiera a los demandantes.
Segundo: en el transcurso de la movilización por parte de las oficinas del gobierno del estado, así se presentaron, se hizo una llamada telefónica a las oficinas centrales del Movimiento Antorchista en la ciudad de México para “preguntar” si sabían quiénes eran Guadalupe Orona Urías y Andrés Pérez Vázquez y que si conocían su número telefónico; obviamente era un mensaje de desconocimiento de los liderazgos de Antorcha en la entidad, pues los señores del gobierno, por lo que dan a entender quieren líderes “a modo”, a los que ellos puedan manipular o sobornar, ya que, para ellos siempre será más barato comprar con 20 ó 50 millones a un “líder” que invertir, por ejemplo 500 millones en obras y acciones para los representados de dichos liderazgos, o ¿usted cree amable lector que realmente no nos conocen, ni tienen identificados nuestros números telefónicos, ni nuestras casas, etc.? ¿No sabían, acaso, que por las personas por las que preguntaban se encontraban al pie de sus oficinas en ese preciso momento?
Tercero: al más puro estilo policíaco del actual secretario de gobierno, Simón Vargas Aguilar, ese mismo día, pero alrededor de las 10:30 de la noche un dron rondaba mi casa y las oficina de Antorcha en Hidalgo. Entiendo claramente la amenaza, que no es novedosa, misma acción pusieron en práctica el año pasado, ante, prácticamente los mismos reclamos. Meterse a la casa del vecino sin su permiso, es, según la ley, allanamiento de morada; ciertamente que los señores no entraron ellos físicamente, pero lo hacen a través de un artefacto que usan para espiar, acción que no es la primera vez que hacen uso de ella, como lo hemos denunciado en su momento.
Sin embargo, todas estas acciones en contra de un movimiento popular legal y en legítimo reclamo de sus derechos, no resuelve sus demandas, no aminora ni un ápice la miseria y marginación de los hidalguenses, no les da ni siquiera esperanza, sino todo lo contrario, a los más de un millón 478,800 de hidalguenses en situación de pobreza (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). Al gobierno del estado y a varios alcaldes les debería ya quedar claro a estas alturas que si la gente busca organizarse es porque se siente abandonada, maltratada, humillada y engañada por sus gobernantes, que ha llegado a la conclusión que necesita de una fuerza superior a su solitaria y aislada fuerza para lograr ser escuchada y atendida.
Antorcha no busca otra cosa, sino precisamente atención de las demandas de cientos de comunidades rurales y colonias populares por décadas abandonadas a su suerte, nada más, pero nada menos. Así que equivocan sus hipótesis todos aquellos que ven en nuestras recientes jornadas de perseverancia intenciones de desestabilizar, sea al gobierno del estado, que encabeza don Omar Fayad, o al de la alcaldesa panista de Pachuca, la prominente empresaria Yolanda Tellería Beltrán, que tiene desde hace casi cuatro meses a cientos de colonos a la entrada de sus oficinas y la señora mantiene su posición de ni te veo ni te oigo, porque lo contrario: verte, escucharte y sobre todo atenderte y resolver las demandas implica un gasto público a favor de los ciudadanos más humildes de la ciudad capital que la presidenta no está dispuesta a aplicar, pues ello iría en detrimento de sus prioridades (en próxima colaboración me permitiré comentar, de acuerdo a la distribución de los recursos, cuáles son dichas prioridades).
Tampoco esconden ninguna otra razón nuestras acciones de exigencia al presidente de Huejutla, Raúl Badillo Ramírez, solamente que atienda a sus gobernados, que no esquive la ley o que quiera aplicar la que él, arbitrariamente y contraviniendo la Constitución de la República, se ha forjado para su municipio. Municipio que por cierto, tiene a más del 70 por ciento de su población en pobreza; decía en colaboración anterior: “… Huejutla, es la capital de las huastecas; ahí confluyen y conviven habitantes de la Huasteca hidalguense, veracruzana y potosina, fundamentalmente. Es un municipio con 129,919 habitantes, de los cuales, 89,291 son indígenas, el 70%. Como toda la Huasteca hidalguense, es un municipio rico por su producción de cítricos, café, maderas preciosas, ganado vacuno, etc., pero donde sus habitantes sufren una pobreza secular comparable, sin exagerar, a algunas poblaciones de África. Aparte de la miseria, el sometimiento ejercido por los grupos caciquiles de la región impide el desarrollo de las comunidades, pues es precisamente esta pobreza lacerante de la mayoría de la población, la que ha logrado formar familias acaudaladas y grupos de poder que desde hace décadas mantienen el control político de la población, sin permitirles prácticamente ningún movimiento o acción fuera de los que marca “la autoridad”, aunque dicha orden sea completamente anticonstitucional”.
Así que, mientras no sean atendidas las justas demandas de agua potable, caminos, escuelas, hospitales, vivienda, etc., nuestra insistencia continuará ante las puertas de palacio de gobierno o de las presidencias municipales donde sus alcaldes se han negado reiteradamente a cumplir con su obligación de gobernar para todos y procurar el bienestar social de la población. No hay de otra.
