Por Luis Beatón* Caracas (PL).- La orden ejecutiva de Donald Trump, que prohíbe a los estadounidenses adquirir petros, única criptomoneda en el mercado con respaldo físico de las riquezas venezolanas, deviene un tema de atención internacional.
Analistas sostienen que esa acción del 19 de marzo es una confirmación de que la Casa Blanca teme que la salida del petro sea un empujón importante hacia el abismo al dólar estadounidense y otros países sigan el ejemplo.
La Declaración de Viena pide a los estados, más bien por lógica a las grandes potencias, abstenerse de adoptar medidas coercitivas unilaterales porque crean obstáculos a las relaciones comerciales e impiden la realización de los derechos humanos, en particular de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluidas la alimentación y la atención de la salud.
Este asunto es recurrente en diferentes foros internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde los gobiernos exigen su cumplimiento, especialmente cuando se habla de los derechos económicos.
El abogado venezolano Beltrán Haddad, en una columna de opinión que valoró el tema de las sanciones a su país, precisa que «quieren someter a los pueblos con las llamadas «medidas coercitivas unilaterales», ilícitas desde todo punto de vista del derecho internacional, los derechos humanos y el derecho humanitario».
Una bien articulada maquinaria mediática, sin embargo, insiste en culpar al gobierno del presidente Nicolás Maduro de los problemas que confronta su país pese a todos los esfuerzos para atenuar los efectos de la brutal agresión económica de la cual es víctima.
El letrado señala que países en desarrollo como Venezuela, no sometidos a los designios de gobiernos imperiales, son sancionados con bloqueos comerciales, económicos y financieros, lo cual les impide obtener alimentos y medicinas de la nación que le impone arbitrariamente la prohibición y de estados cómplices.
Recientemente el canciller venezolano, Jorge Arreaza, informó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución propuesta por el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) en condena a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el país suramericano.
«Los Noal, mayoría de países en el mundo, condenan las medias coercitivas unilaterales (sanciones)», escribió Arreaza en la red social Twitter. Para el canciller venezolano «son notables las pretensiones arrogantes de dominación de EE.UU. y sus aliados. Triunfo del multilateralismo y la paz».
Sobre esta actitud de los que gobiernan al norte del río Bravo, habría que tomar en cuenta las consideraciones de Alfred de Zayas, experto independiente de la ONU para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo. De Zayas aseguró en una entrevista con el diario venezolano Últimas Noticias, que «es hora» de que Venezuela pida a la Corte Penal Internacional «una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por los EE.UU. al imponer sanciones en su contra».
Indicó el experto que en el 2000 la subcomisión de la Promoción y Protección de los Derechos Humanos publicó un estudio que calificaba las sanciones de grave violación del derecho internacional y de los derechos humanos.
En 2015, agregó, el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra creó la función del Relator Especial sobre las Medidas Coercitivas Unilaterales.
En sus informes el relator Idriss Jazairy muestra los impactos adversos de las sanciones y negoció con gobiernos para que estas sean eliminadas, porque son contrarias a la letra y al espíritu del pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos y al Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Asamblea General de las Naciones Unidas condena las sanciones contra Cuba y el bloqueo en 25 resoluciones que, lamentablemente, Estados Unidos ignora, plantea de Zayas.
En mi opinión, subraya, como profesor de Derecho Internacional y antiguo secretario del Comité de Derechos Humanos, sanciones que causan la muerte de niños por malnutrición, falta de agua potable, por falta de medicinas -muertes por falta de insulina, de medicinas contra el cáncer, contra la malaria-, por falta de equipo médico y material técnico, constituyen un crimen de lesa humanidad, especialmente porque son intencionales, sadistas, se quiere hacer sufrir.
En vista de que las sanciones no son accidentales, sino planeadas y deliberadas, existe responsabilidad penal, y la situación debe ser elevada a la Asamblea General en vista de adoptar resoluciones que claramente declaren las sanciones ilegales y criminales.
El alto funcionario internacional acentúa que «es hora que se solicite a la Fiscal de la Corte Internacional de Justicia que abra una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por los Estados Unidos en imponer sanciones contra el pueblo venezolano, puesto que las consecuencias directas son escasez de alimentos y medicamentos, y la muerte por malnutrición y por falta de medicinas de muchos inocentes».
El artículo 7 del Estatuto de Roma define los crímenes de lesa humanidad, y estoy convencido que el tipo de sanciones que se están aplicando contra Cuba y Venezuela constituyen crímenes contra la humanidad. Esto también pudiese constatarlo la Corte Internacional de Justicia en una opinión consultiva, aseguró.
arb/lb
*Corresponsal Jefe de Prensa Latina en Venezuela.
