Miguel Ángel Casique Olivos
Las declaraciones del presidente López Obrador siguen enconado más a los poderes, este martes dijo que «En el Poder Judicial, los mejores pagados son del orbe»; además, señaló que sólo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gana más que el Presidente de la Suprema Corte. Sin embargo, la mayoría de sus declaraciones siguen siendo de enfrentamiento y encono y no se ve, por ningún lado, que tenga la intención de buscar una solución real; «se molestan, pero la verdad es que, como se dice coloquialmente, se rayaban con sueldos elevadísimos», dijo este lunes 11 de diciembre, tras asegurar que no son 600 mil pesos lo que ganan, pero que sin no era eso son 500 mil y que no tiene la menor duda de que son servidores públicos mejor pagados del mundo.
Aunque en su conferencia matutina dijo que se respetarán las decisiones del Poder Judicial y los amparos, el presidente sigue diciendo que es una injusticia la existencia de esos sueldos con tanta pobreza en el país y arguye que no es un asunto de negociación sino de principios. La verdad es que ningún mexicano podría negar que esos sueldos no son altos e injustos, tampoco nadie podría estar contra López Obrador cuando dice que en México hay tanta pobreza, cifras que algunos estudiosos o economistas las acercan a 100 millones de mexicanos.
Pero entonces, ¿qué es lo que está mal?; así como Obrador se da cuenta de esos altos sueldos de los Magistrados y Jueces y de que hay tanta pobreza en México, no es muy descabellado proponerle que se de cuenta también que en México la clase poderosa, los ricos y los grandes empresarios no pagan impuestos o, si lo hacen, no va de acuerdo con lo que ganan; esto, por ejemplo, también ayudaría, -y a lo mejor hasta de forma más eficiente-, a recabar recursos para combatir en serio a la pobreza y marginación en el país; es decir, una buena medida sería que paguen más los que ganan más, pero todo indica que eso no está en la mente de López Obrador y menos, para hacerlo, pelearse con la clase pudiente de México.
Y donde el clima político se empieza a enrarecer es en Hidalgo donde aún gobierna el PRI con Omar Fayad Meneses, un estado que durante mucho tiempo fue considerado como granero electoral del PRI, pero que ahora tras las recientes elecciones, la mayoría del Congreso está controlado por Morena y al priismo le fue muy mal. Y es que en esa entidad los gobiernos de Paco Olvera y Omar Fayad se han caracterizado por estar controlados por el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y por Nuvia Mayorga; pero ese mismo «control», que no se pudo capitalizar, afectó seriamente en la votación del 1º de julio, pues Morena obtuvo 43.8% y el PRI 15.%. Tanta fue la paliza que, dicen en la política hidalguense, este es el primer escalón para ver qué resultado habrá en las próximas elecciones, que aunque aún están lejos, ya se comenta tendrá asegurada una derrota. Es más se dice que el tricolor ni siquiera ganó en la casilla electoral en la que votaron Osorio y Mayorga.
No hay duda que los resultados electorales en Hidalgo disminuyeron automáticamente las maniobras del priista Omar Fayad que ni siquiera cumple con la mitad de su gestión. A esto se suman sucesos y hechos que están ocurriendo recientemente contra la organización política que representa la líder social Guadalupe Orona Urías, el Movimiento Antorchista. Durante varios meses el antorchismo local ha estado solicitando atención a peticiones de hidalguenses pobres, pero el gobierno se ha negado rotundamente a atender las problemática en materia de vivienda, agua potable, salud, educación, apoyos al campo, entre otras demandas; pues resulta que tras la presión que los hidalguenses están realizando, las primeras horas de este martes 11 de diciembre, llegaron a teléfonos celulares amenazas de muerte contra dirigentes y activistas antorchistas en el estado.
En rueda de prensa inmediata, Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional antorchista y Jesús Tolentino Román Bojórquez, dirigente del Regional Centro I, denunciaron los hechos ocurridos durante las últimas horas, en las que una serie de mensajes intimidatorios y amenazantes fueron enviados a los teléfonos celulares, acciones que fueron calificadas como “terrorismo político”, puesto que desde áreas del poder gubernamental se quiere desarticular a una organización social que exige solución a demandas elementales.
Las amenazas de muerte se presentan en un contexto en el que las demandas de apoyo a pueblos y colonias marginadas, planteadas por la organización ante el Gobierno Estatal, no se han atendido a pesar de la insistencia de los líderes antorchistas por propiciar el diálogo, “por el contrario, prevalece un clima de tensión” y agresión política. Tras la presentación de los mensajes de texto que han recibido los dirigentes y activistas que hacen alusión a la muerte, mismos por los que se presentó una denuncia penal en la Fiscalía Estatal, que quedó asentada en la carpeta de investigación 12-2018-18945; Aguirre Enríquez dijo que hay una campaña de terror y un recurso “muy bajo” para tratar de acobardar al activismo.
El Gobierno del priista Omar Fayad Meneses debe tomar cartas en el asunto de inmediato y evitar que se siga generando un clima de terror que puede ser el antecedente de crímenes políticos reales; pero también es urgente que Claudia Ruiz Massieu y la dirigencia nacional del PRI, pongan atención y den instrucciones para que se proteja y garantice el trabajo de una organización que pertenece el mismos Institucional. Al priismo y al gobernador Omar Fayad, difícilmente se les verá actuar, pero a Guadalupe Orona y Antorcha en Hidalgo como a nivel nacional, ya no son una organización que sea fácil doblar. Al tiempo.
El clímax no político…
Se comenta que luego de que la mayoría de los tenedores de deuda del Nuevo Aeropuerto rechazaron la oferta inicial del gobierno para recomprarles bonos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), les mejoró las condiciones y la propuesta renovada es pagar mil dólares por cada mil que se tenga en los bonos, más lo devengado y no pagado.
Según el primer ofrecimiento, lanzado el 3 de diciembre por la dependencia, era de 900 dólares por cada mil. También modificó los incentivos a quien no venda y acepte cambios a las condiciones de los contratos, pues aumentó de 7.5 a 10 dólares el pago por cada mil en tenencias. La moneda sobre si continúa la construcción del Aeropuerto en Texcoco sigue en el aire, pero hay gente muy cercana a la operación y a la parte administrativa encargada de este proyecto que asegura que el Aeropuerto va a seguir y no se va a detener; porque ahora, comentan, al gobierno de López Obrador sí le podrían salir más caro el caldo que las albóndigas. Por el momento, querido lector, es todo.
