Por: Julio Huato *
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nos tiene entusiasmados. Su audaz campaña contra el robo de combustibles a PEMEX ha concitado un vasto apoyo popular. Su discurso contra la corrupción y su congruencia en la acción, con el riesgo que eso comporta, han alterado a tal grado la dinámica política en México que admito aquí que — en lo personal — su tesis de que la corrupción es el obstáculo principal al desarrollo de México me parece hoy más plausible que lo que yo antes creía.
Ya tendré ocasión de elaborar sobre dicha tesis. Pero lo que quiero hacer hoy es exigirle desde aquí al presidente de México que reconsidere su actitud hacia Antorcha. Sus alusiones a “Antorcha Mundial”, cada vez que presenta al público sus programas de transferencia fiscal directa a diversos grupos de la población pobre, son indignas de él. Es claro para mí que el presidente está lanzando insinuaciones graves contra el Movimiento Antorchista. Esto no es correcto.
Primero, el presidente ha dicho que la oficina ahora a su cargo cuenta con “toda la información” de lo que acontece en el país. Por consiguiente, se vale suponer que el presidente sabe que el nombre correcto de Antorcha no es “Antorcha Mundial”. Es Antorcha, o Antorcha Campesina, o Movimiento Antorchista, o Antorcha Revolucionaria, pero no “Antorcha Mundial”. Esto podrá parecer nimio o superficial, pero no lo es. Es una majadería referirse en esa forma burlona a una organización legal de mexicanos atenidos a los derechos que la Carta Magna les reconoce.
La doctrina de reconciliación, de amor y paz, de rechazo al sectarismo y al divisionismo, de actuar con responsabilidad, de respetar la dignidad de las personas, que tanto pregona el presidente tiene, al parecer, este punto ciego. Detractores de Antorcha, y aquí incluyo al presidente, con evidencia para demostrar que Antorcha comete actos ilícitos, que roba recursos públicos, tienen el derecho — e incluso la obligación cívica — de proceder conforme a la ley y presentar denuncia ante las instancias judiciales correspondientes para que se persiga y castigue lo que corresponda. De otro modo, por la salud de la vida pública de México de la que el presidente es responsable mayor, las acusaciones indirectas desde la presidencia deben cesar.
Planteo esto con toda la urgencia de que soy capaz. ¿Por qué? Hay dos razones principales. La razón más ominosa es que, por su naturaleza, la actividad política de Antorcha, sobre todo en las áreas del país en donde ha atraído apoyo popular masivo, afecta intereses económicos y de control político local y regional. Algunos de estos grupos han hallado conveniente afiliarse a Morena y subirse al tren que hoy conduce Andrés Manuel López Obrador.
Obviamente, no se le puede pedir al hoy presidente que se haga responsable de todo lo que hagan sus seguidores. Pero el presidente debe saber que algunos de quienes dicen seguirlo no sólo hacen caso omiso a su discurso de unidad y reconciliación nacional, sino que tienen una propensión probada a la violencia. No necesito enumerar casos específicos, porque las constancias públicas existen. Las insinuaciones desde la presidencia contribuyen a enrarecer la atmósfera política en esos lugares.
La segunda razón, importantísima, es que los antorchistas, gracias al voto popular, están al frente de un número de alcaldías importantes, sobre todo en el Oriente del Estado de México y en Puebla. Apegados a los procedimientos parlamentarios por los que se ha presupuestado tradicionalmente el gasto federal anual, los munícipes de filiación antorchista han pedido que se le dé consideración a un bloque de demandas, muy legítimas (creo), de obras y servicios públicos varios para sus localidades.
Antorcha ha dado su versión del estado de las negociaciones en el Congreso y ante instancias del ejecutivo federal, y tienen razones para suponer que se busca marginarlos y limitar los recursos que la población de esos municipios necesitan con urgencia. Si, como lo argumenta Antorcha, estas demandas de obras y servicios públicos son válidas, no hay razón para que no se les dé la prioridad debida en el gasto federal.
Sobre todo, no se puede utilizar el argumento de que Antorcha actúa aquí como “intermediaria” oficiosa. No se puede, porque (1) los munícipes antorchistas cuentan con la representación que les otorgó el voto popular y (2) no están pidiendo que el gobierno federal les dé ni un centavo a ellos, sino sólo que se haga cargo de ejecutar las obras y suministrar los servicios que correspondan. Si compete al gobierno federal o al estatal el administrar esas obras, pues que así se haga, pero que no se les niegue a lo que tienen derecho.
Como nota final quiero dejar aquí constancia que, en su conferencia de prensa matutina de ayer, el presidente se refirió a Antorcha Campesina por su nombre correcto y (creo) en una luz positiva. Cuando hablaba de la forma en que empresas con permisos para importar y despachar combustibles al público no se habían hecho cargo de allegarse los recursos para asegurar dicho suministro (pipas, en particular), el presidente advirtió que en su visita a la Montaña de Guerrero había observado como las gasolineras propiedad del Movimiento Antorchista estaban todas debidamente equipadas para servir al público consumidor.
