Gobierno federal seguirá pagando en 2019 el arrendamiento financiero del avión presidencial, que desde diciembre está «almacenado» en un hangar en Estados Unidos.
El Presupuesto de Egresos de 2019 asigna 416.9 millones de pesos a la Sedena para continuar con el proyecto de inversión 12071320003 iniciado en 2012, que permitió la compra del Boeing Dreamliner 787-8, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a usar y pretende vender.
La Sedena tiene la obligación contractual de seguir pagando con recursos del erario las mensualidades del arrendamiento financiero a 15 años pactado con Banobras, que fue la institución que aportó los 3 mil 156 millones de pesos que cobró la empresa Boeing por la manufactura del avión y equipos auxiliares.
El avión pasaría a propiedad de la Sedena una vez que ejerza la opción de compra, que se activa al final del arrendamiento en 2027.
El avión y los equipos por sí solos costaron 3 mil 156 millones de pesos, a los que se deben sumar 2 mil 761 millones por el costo financiero del arrendamiento, según las cifras más recientes de la Secretaría de Hacienda.
La anualidad de 416.9 millones en 2019 es menor en 7.6 por ciento a las de años anteriores, que fueron de 451.5 millones, aunque en años como 2014 la Auditoría Superior de la Federación detectó que los pagos a Banobras fueron mucho menores a los presupuestado.
En teoría, este tipo de contratos pueden vencer anticipadamente si Sedena incumple el pago de una mensualidad, lo que obligaría a la dependencia a liquidar a Banobras todo el saldo pendiente de capital e intereses–unos 3 mil 590 millones de pesos–en una sola exhibición.
En 2019, Sedena también tendrá 281.9 millones de pesos para otro arrendamiento firmado en 2015 con Banobras hasta por 2 mil 497 millones de pesos más intereses y comisiones, que sirvió para comprar dos aviones Boeing 737-800 para el Escuadrón Aéreo 502.
