ESTÉNTOR POLÍTICO
Miguel Ángel Casique Olivos
Aunque la Constitución Política dicta que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud”, además de que el derecho a la salud es el derecho humano a gozar sin distinción alguna, del mejor nivel de salud que permita a cada persona vivir dignamente, lo cierto es que en México y en el mundo esto no se cumple. A Jorge Alcocer Varela, quien es titular de la Secretaría de Salud, se le están complicando las cosas y no sabe qué hacer, y es que varios gobernadores o al menos las secretarías locales de salud, ya entraron en «pánico» porque en las dependencias de salud nomás no les llegan los recursos de la federación para este sector.
La salud de los mexicanos podría agravarse porque la respuesta que se da desde la dependencia es que no han aterrizado los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y por lo tanto no puede fluir hacia los estados. Si nos asomamos a los estados del sureste del país como Chiapas, Oaxaca, Veracruz o Puebla, donde el problema de la población para acceder a medicina, hospitales y clínicas para curarse, ha sido muy lamentable; la situación que podría venir para este año, con el gobierno de la 4ta transformación, podría ser más crítica y difícil para los mexicanos, aunque cada gobierno estatal intentara resolverlo localmente.
Y es que aunque el gobierno de Morena planea «meter orden» en la compra y distribución de medicamentos del sector público de la salud, lo cierto es que las cosas se le están complicando desde el primer paso, que es aportar dinero a las entidades para atender la problemática. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hablado de la buena intención que tenía de surtir de medicamento desde la federación, pero aquí también se ha hablado de corrupción y de falta de eficiencia gubernamental, bien haría recomendar a su titular de Salud que actúe porque le puede llegar una seria y severa crisis de la que no podría salir tan fácil.
La estrategia del gobierno de AMLO también aquí porque como ya se sabe, la mitad del dinero que cada mexicano invierte en salud es para comprar medicina y bienes médicos; por ejemplo, durante el 2017 los hogares mexicanos desembolsaron 271.9 mil millones de pesos para la compra de esos productos; pero, ¿qué pasará si no hay medicamento?
Entonces, hablar de salud y de las medicinas en México, es hablar de que los tratamientos son costosos, aunado al problema de desabasto para la población que depende de los servicios públicos de salud y también el número reducido de empresas que controlan la producción y distribución de insumos y bienes medicinales; aspectos que el titular de Salud no debería olvidar.
El mentado Sistema Universal de Salud del nuevo gobierno federal, administrado sólo por la Federación, ya que en gobiernos anteriores estaban en manos de 32 sistemas estatales que difieren en sus capacidades para proveer servicios, comenzará a tener sus primeros problemas. El Seguro Popular cubría a 53.3 millones de personas en 2018 y había un financiamiento del 5.5 por ciento del Producto Interno Bruto, según la Comisión Nacional de Protección Social para la Salud.
La nueva forma de ejercer el recurso del gobierno de Morena para garantizar salud par a los mexicanos ¿podrá superar esos datos de sexenios anteriores?, ¿cuánto tiempo más tardará el gobierno federal, a través de su Secretaría de Salud, dirigida por Jorge Alcocer Varela, para que lleguen los recursos a las 32 entidades?, ¿estarán a tiempo de actuar, antes de que los mexicanos se vean seriamente afectados por escasez de medicamento o por falta aparatos en clínicas y hospitales del país? La respuesta es que quizá por el mes de junio comenzarían a bajar algunos recursos para el sector; los gobernadores podrían intentar resolver el problema localmente, pero la población posiblemente no esté tan de acuerdo con que su presidente hasta el mes de junio se comience a preocupar pos su salud. El tiempo también dirá qué sucede aquí.
El clímax no político…
Ya hay una Comisión Especial para el caso Puebla pues el senado de la República instaló dicha Comisión para, supuestamente, dar seguimiento a lo que sucedió el 24 diciembre donde perdieron la vida Martha Erika Alonso, gobernadora de Puebla y su esposo el senador Rafael Moreno Valle.
La Comisión va a ser presidida por la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Nadia Navarro, la intención, se dice, es conocer la verdad sobre el motivo que generó la caída del helicóptero en el que viajaban las víctimas y Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha dicho que las autoridades tienen una deuda con los habitantes de Puebla, también es cierto que el accidente se dio en un momento de enrarecimiento político muy complicado de lo que estaba pasando después de las elecciones de Puebla, como dijo el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri.
Por el momento, querido lector, es todo.
