La Fiscalía General de la República tiene que entregar copias completas del expediente de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, sin testar, a los familiares de migrantes extranjeros que fueron localizados en ellas, en 2011, asesinados por Los Zetas.
Con tres votos a favor y dos en contra, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien declaró fundado el recurso de inconformidad promovido por las salvadoreñas Bertila Parada de Osorio y Alma Yessenia Realegeño Alvarado.
Las mujeres reclamaron que el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México emitió un acuerdo donde dio por cumplida la sentencia de la Primera Sala dictada en 2016, quien les reconoció el carácter de víctimas, además de que podían tener copia del expediente y demandar la reparación del daño.
Sin embargo, se inconformaron porque el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México interpretó de manera errónea y restrictiva el fallo de la Primera Sala, ya que el juzgador consideró que sólo tenían derecho a recibir copias de las personas que buscaban, es decir de sus familiares, y no de las demás víctimas.
La Procuraduría General de la República se negó en su momento reconocer como víctimas a las dos mujeres, quienes fueron informadas sobre el hallazgo de los restos de Carlos Alberto Osorio (hijo de Bertila) y de Manuel Antonio Realegeño (hermano de Yessenia), en fosas clandestinas. En San Fernando, la PGR documentó el hallazgo de 193 cuerpos.
