Opinión invitada. Por Adriana Argudín Palavicini.– El Movimiento Antorchista Nacional, que en este año festeja su 45 Aniversario, ha venido sufriendo una campaña de calumnias que, por supuesto, ninguno de los que las han lanzado ha podido comprobar, simple y sencillamente porque se trata de acusaciones falsas. Sin embargo, ello no invalida el hecho de que casi tres millones de mexicanos que militamos en sus filas hayamos sido ofendidos, desde los niños hasta los ancianos. ¿Por qué la virulencia de los ataques, la repetición machacona de las mismas calumnias, la campaña mediática en nuestra contra? Por la simple y sencilla razón de que nuestro movimiento ha venido luchando, desde su nacimiento, por abrirle los ojos y la mente al pueblo pobre de México, organizarlo y luchar a su lado para que, con los derechos que le otorga nuestra Constitución, exija lo que ella consagra para todos los mexicanos. ¿A quiénes ofende esta actividad tan loable y digna? A quienes ostentan el poder económico y político de nuestro país, pues lo menos que quieren es un pueblo educado, organizado y luchando.
Inútiles han sido las aclaraciones, y más aún la exigencia de que demuestren lo que afirman, pues los medios de comunicación, o bien por consigna o bien porque solo repiten lo que otros han dicho o escrito, se han negado a rectificar o bien a demostrar su dicho. Seguramente conocedor del uso abusivo que de la libertad de expresión hacían y hacen los medios, el abogado Jorge Carpizo McGregor, en su obra “Temas constitucionales”, dio su punto de vista acerca de lo que no debe ser la libertad de expresión. Consigno algunas de sus ideas al respecto porque vienen como anillo al dedo a la campaña mediática en contra nuestra. “La libertad de expresión no es derecho de mentir; …no es sinónimo de difamación y calumnia; … no es derecho a confundir a la audiencia; …no es sustitución de los tribunales; …no es el derecho a crear nuevas inquisiciones.” Basta leer o escuchar algunas declaraciones, columnas o noticias que nos agravian para darse cuenta de que quienes las vierten, amparados en su “libertad de expresión”, hacen exactamente todo lo contrario de lo que el abogado Carpizo seguramente consideró justo y correcto.
Por eso, desde hace rato llegamos a la conclusión de que es mejor dirigirse a la opinión pública, que no está prejuiciada en contra nuestra y que, por lo mismo, está en mejor posición para conocer la verdad. Parafraseando a Don Miguel de Cervantes, profundo conocedor de la sociedad de su tiempo, nosotros le decimos que es mejor “Dar crédito a las obras y no a las palabras”. Ahí están, a la vista de todo el que las quiera ver, miles de obras que el Movimiento Antorchista Nacional ha logrado en beneficio no solo de sus miembros sino de todos los pueblos, colonias y comunidades en donde hemos venido realizando nuestro trabajo. Y lo mismo aplica para el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien tanto en sus conferencias mañaneras como en casi todos los actos públicos a los que ha asistido en diferentes puntos del país, ha repetido hasta la aburrición el mismo discurso: nada de intermediarios, nada de moches, no importa que digan que son de tal o cual organización, entre las que coloca a nuestro movimiento, injuriándola desde el nombre que se le ha ocurrido darnos, la “antorcha mundial”.
Y, ¿dónde están las obras del gobierno de la cuarta transformación? ¿Cuántas de sus promesas ha cumplido? ¿Dónde, quiénes y cuántos han recibido las limosnas anunciadas con bombo y platillo? “Dad crédito a las obras y no a las palabras”, dijo Don Quijote de la Mancha. Pero, para no caer en la conducta de quienes critico, me limitaré solo a relatar brevemente dos acontecimientos de suma importancia para los más humildes de nuestro país.
El martes 9 de los corrientes, 10 mil antorchistas se manifestaron pacíficamente ante la Secretaría de Gobernación (Segob) demandando el cumplimiento de lo prometido por el gobierno federal el pasado 13 de marzo, fecha en la que ante una manifestación similar, la encargada de atención a organizaciones sociales, Lilia Aguilar, se comprometió a reinstalar las mesas de trabajo (suspendidas por la propia Segob) con funcionarios o titulares de dependencias como Sedatu o SHCP, y dar respuesta y solución a la petición de obras y servicios a las que todo mexicano tiene derecho de acuerdo con nuestra Constitución. ¿Cuál fue ahora la respuesta de la Segob? Ninguna; ahora ni siquiera dio la cara quien desde hace casi un mes salió al paso con promesas. Los antorchistas hemos reiterado una y mil veces que no queremos que nos den el dinero, cosa que, además, jamás ha sucedido, pues para llevar a cabo las obras y servicios intervienen directamente las dependencias encargadas de ello. Es claro, pues, que acusar a nuestros dirigentes de “intermediarios” y de recibir “moches”, no es más que una maniobra política para no atender las demandas más sentidas de la población.
Un día después, el miércoles 10, en Pachuca, Hidalgo, se llevó a cabo una manifestación pacífica anunciada desde hace tiempo. Cuarenta mil hidalguenses, organizados en nuestro movimiento, pretendían llegar ante el palacio de gobierno para exigir al gobernador Omar Fayad el cumplimiento de un pliego petitorio de obras y servicios (conocido desde hace tiempo por él) en beneficio de varias comunidades de dicho estado. Y digo que pretendían llegar, porque durante la madrugada el gobernador ordenó cerrar el paso a más de 500 autobuses que, desde distintas partes del estado, transportaban a los manifestantes. Muchos tuvieron que abandonar las unidades de transporte y caminar varios kilómetros para reunirse con sus compañeros en la capital del estado; otros, los más, provenientes de comunidades indígenas muy alejadas, ya no pudieron hacerlo porque la distancia era enorme. Con esta acción, el señor Omar Fayad, sin recato alguno, violó flagrantemente el artículo 11º de nuestra Carta Magna que consagra el libre tránsito. Pero no solo violó dicho derecho, sino también ha venido pisoteando los de los indígenas hidalguenses, miles de los cuales militan en el Movimiento Antorchista Nacional, consagrados en todas las fracciones del artículo 2º. B, pues en el estado de Hidalgo no se promueve la igualdad de los indígenas ni se evita cualquier práctica discriminatoria, y si ello no es así, entonces que el gobernador responda si es igualdad y no discriminación evitarles llegar ante las puertas del palacio de gobierno. Tampoco se impulsa el desarrollo regional de sus comunidades, porque no se les resuelven las obras y servicios que tanto necesitan. ¿Y la educación? Dentro de la petición de obras está la construcción de escuelas y el mejoramiento de otras, ¿por qué se les niega a los niños y jóvenes este derecho? ¿Qué con el acceso efectivo a los servicios de salud? ¿Qué con la vivienda digna y decorosa? Y así podría seguir la lista, larga por supuesto, de todo aquello que Fayad prometió en campaña y no ha cumplido. ¡Cuánta razón tenía Don Miguel de Cervantes! ¿Puede un hombre como Omar Fayad seguir gobernando ignorando a la inmensa mayoría de sus gobernados? ¿Qué actitud adoptará el Congreso del estado, al cual se dirigieron los manifestantes porque el palacio de gobierno estaba cercado? Sea lo que fuere, la respuesta está en manos del pueblo pobre de Hidalgo.
