En los primeros tres meses de este año, México registró casi 8 mil 500 homicidios, un aumento de 9.6 por ciento en comparación con el mismo período en 2018, destacó el diario The Wall Street Journal en su columna The Americas.
Dicha cifra, señala el medio, es una noticia impactante dado que el año pasado fue el más letal registrado en el País, con 33 mil 341 homicidios.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a reducir la tasa de homicidios y mejorar los niveles de vida, pero, tanto el subdesarrollo, como el crimen violento, son síntomas de un Estado de derecho fallido y ninguno de los objetivos de López Obrador puede realizarse sin un claro compromiso con la seguridad jurídica desde arriba hacia abajo, destacó WSJ.
Para el medio, el nuevo Presidente va en la dirección opuesta, centralizando el poder, tratando de gobernar por decreto e intimidación, y expandiendo el papel de los militares en el Gobierno.
Asimismo, señala que López Obrador puede pensar que no hay un costo para su aparente toma de poder porque el valor del peso se mantiene hasta ahora, pero eso se debe en gran medida a los diferenciales de las tasas de interés entre la moneda mexicana y el dólar. Los fundamentos de México siguen siendo relativamente fuertes, pero el nuevo Gobierno hace que sea difícil ser optimista.
El Mandatario, destaca el medio, se enfurece ante las acusaciones de que es antidemocrático, pero sus acciones hablan más que las palabras que pronuncia en sus conferencias de prensa diarias. A principios de este mes, por ejemplo, escribió un memorándum a su Administración para que desobedeciera una reforma constitucional en la educación que se aprobó durante la administración de su antecesor, Enrique Peña Nieto.
López Obrador dice que la rendición de cuentas en la educación tiene un efecto negativo en la dignidad de los docentes, por lo que ha prometido revocar la reforma.
Una votación para anular o diluir aspectos clave de la reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada, y AMLO también podría obtener los votos que necesita en el Senado, aunque no controle una mayoría de dos tercios. Sin embargo, el memo sugiere que para él, la legislación es superflua. Cuando fue presionado por los críticos, lo defendió argumentando que la «justicia» siempre debe estar por encima de todo.
Para el diario estadunidense, esto expone su naturaleza. Se ve a sí mismo como el salvador mexicano, quien desde su posición de poder administra la justicia. Y está justificado, por lo tanto, en su objetivo de transformar radicalmente el País. Se vengará de los que tienen, o, como los llama «los fifís», cualquier persona que se interponga en su camino será tildada de corrupta.
La relación del Presidente con el Ejército es, por lo tanto, un motivo de preocupación. Como candidato criticó la participación del Ejército en la seguridad pública, ahora propone aumentar su papel en la lucha contra el crimen organizado a través de una estrategia de seguridad encabezada por un comando militar en lugar de civiles, señala el medio.
De acuerdo con WSJ, la participación de los militares en el trabajo policial lo expone a la influencia corrupta del inframundo, y lo que es peor, le está dando una parte de la acción en la economía, una táctica fuerte y familiar para comprar lealtad.
A principios de año, recuerda el diario, López Obrador propuso que se otorgue a los militares los derechos para desarrollar una gran cantidad de bienes raíces cerca del Parque Chapultepec en la Ciudad de México. Los militares también estarán a cargo de construir las nuevas pistas para uso civil en la base de la fuerza aérea de Santa Lucía. Ese es el proyecto de infraestructura que reemplaza al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que el Mandatario canceló unilateralmente cuando asumió el cargo, aunque estaba casi completado en un 40 por ciento.
A principios de este mes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional que proporcionara estudios de viabilidad sobre la propuesta del aeropuerto de Santa Lucía.
Sin embargo, destaca el medio, López Obrador, en su forma habitual, ha dicho a los contratistas cuyos acuerdos firmados se rompieron cuando abandonó el NAIM que no se preocupen pues les otorgará otros contratos. No importa que esto sea ilegal, ya que los contratos gubernamentales requieren procesos de licitación abiertos y transparentes.
Aquí hay un patrón y no tiene nada que ver con mejorar la situación de los mexicanos, concluyó el diario.
