Miguel Ángel Casique
Apenas, en los primeros días del mes de enero de 2019, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, le dijo al gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, que «no hay peor ciego que el que no quiere ver»; esto en clara referencia y como respuesta a lo que había declarado públicamente, que el presidente López Obrador engañaba a los fronterizos. La presidenta morenista también en una conferencia de prensa, dijo que al gobernador le hace falta más información porque dejaba ver que no estaba bien informado y que manipulaba la realidad; y aunque también lo que la presidenta de Morena dijo sobre que a los estados no se les redujo el presupuesto sino que se aumentaba, es algo que habría que revisar con más detalle y cuidado, lo cierto es que en el estado de Chihuahua, el más extenso territorialmente y con una población de apenas 4 millones de habitantes, también hay problemas que al gobernador le han pasado de noche.
Por ejemplo, no se puede ocultar la agresión contra periodistas o el caso de Ciudad Juárez considerada dentro de las cinco ciudades más violentas del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal; Ciudad Juárez está en el 5to lugar con mil 251 asesinatos, también se ha comentado mucho sobre que la investigación del asesinato de la periodista Miroslava se llevó a cabo por la procuraduría de Javier Corral de una manera parcial y deficiente.
En días recientes, en ese estado, miles de antorchistas han sido ignorados por el Gobierno estatal, pues no los ha atendido desde el pasado miércoles 22, día en que se manifestaron en una ordenada y respetuosa marcha. Lo que los inconformes quieren no es otra cosa que acciones de gobierno porque los ciudadanos como particulares están impedidos, por limitaciones comprensibles, de hacer: pavimentaciones, construcción de escuelas, de normar centros educativos, de otorgar crédito para paquetes de materiales de autoconstrucción, de hacer tendidos eléctricos, de proporcionar apoyos al campo, como dotación de semillas para siembra, etcétera.
Así, ante la respuesta negativa, colonos y campesinos se vieron obligados a quedarse en plantón por tiempo indefinido: pero si alguien se atreve a decir que son chantajistas, que sus líderes sólo quieren sacar raja política, la refutación llega de manera natural cuando se conocen los antecedentes. Y es que, desde que en octubre de 2016, cuando se instaló la nueva administración de Javier Corral Jurado, el Movimiento Antorchista entregó en la oficina del propio gobernador un mesurado pliego petitorio de obras y servicios públicos para pueblos y colonias urbanas de varios municipios. La misma lista de peticiones de hace tres años se ha repetido cada año, prácticamente igualito, pero ¿por qué igual?, porque los funcionarios encargados de negociar la solución y la ejecución de las obras, han trabajado de manera incansable para simular que atienden las demandas, pero el resultado es que después de todo este tiempo, prácticamente ninguna se ha concretado.
Los inconformes han realizado varias protestas como la del pasado 6 de marzo, en la que arrancó por incumplimientos del gobierno ante una serie de compromisos que se plasmaron en una minuta de acuerdos que fue firmada por altos funcionarios del estado. La tal minuta sirvió a los funcionarios como papel higiénico, y por eso, ahora los antorchistas han decidido levantar la voz frente al Palacio de Gobierno.
Pero lo peor viene luego, tras la marcha de este miércoles 22 de mayo, cuando la inconformidad fue recibida con una rueda de prensa que ofreció Carlos González Herrera, Secretario de Educación y Deporte, quien «expuso» que Antorcha les exige (a ellos) la regularización del albergue de Punta Naranjo como escuela pública, que practica “la simulación de la inscripción de niños y niñas que acuden a éste”, que exige la contratación de maestros del Movimiento Antorchista violentando la normatividad -y de los cuales, “pese a pedírselo, no nos han hecho llegar la documentación sobre su formación y titulación”. De “chantajistas”, “simuladores” y de “promotores de la ilegalidad” no los bajó el titular de la Secretaría de Cultura y Deporte.
La dirigencia antorchista aseguró que todo eso es falso, porque quienes iniciaron a dar esperanzas a los antorchistas de que las escuelas que éstos fundaron iban a ser reconocidas y quienes los trajeron en reuniones de dos años, una tras otra para “completar la normatividad”, fueron los mismos funcionaros de gobierno; “Miente el Secretario, porque el funcionario que nos alentó desde Educación y Deporte para que siguiéramos adelante con el proyecto de la primaria, por una curiosa coincidencia se llama Carlos González Herrera y, por cierto, hace dos años no era todavía el titular de esta Secretaría.”
¿Cómo se explica la sinrazón de que sean los propios funcionarios cuyas funciones, valga la redundancia, son de manera formal y oficial, las de proporcionar las condiciones para que la población en edad de asistir a la escuela, pueda estudiar y prepararse, sean precisamente quienes se encuentran en la primera fila de una batalla para derrotar a una banda de peligrosos delincuentes creadores de escuelas y promotores, ellos sí, de la educación del pueblo?
La explicación no necesita mucho, pues parece que en Chihuahua hay una casta de burócratas nuevos, insensibles al sentir y a los sufrimientos del pueblo, quienes se sienten ofendidos hasta el dolor, se sienten hasta físicamente disminuidos y hasta humillados, cuando una «horda de mugrosos colonos o campesinos» se atreven a hacer la labor que ellos deberían hacer –pero son incapaces genéticamente de hacerla- desde el gobierno… como por ejemplo, fundar escuelas ahí donde el gobierno ha sido incapaz de hacerlo, mantenerlas funcionando y teniendo éxito.
¿Cuándo, por propia voluntad, estos burócratas incrustados en Secretarías de estado, como Carlos González, van a oficializar una escuela, dotarla y asignarle presupuesto oficial? Parece que nunca en la vida. Pero para eso están los ofendidos y humillados, para luchar por hacer realidad sus anhelos de redención social. Y el gobernador del estado, qué dice ante esto, ¿sabrá acaso cómo se está comportando su Secretario de Educación o será que el mismo le está dando instrucciones?, la respuesta vendrá en los próximas días, pero todo parece indicar que en Chihuahua el gobierno estatal está preparando una campaña de ataques, calumnias y desprestigio contra el antorchismo que dirige Lenin Nelson Rosales; pero ya a estas alturas, a cualquier gobernador del color que sea debería quedarle claro que Antorcha es unión y que con esa unión se defiende de sus malos gobiernos.
El clímax no político…
Las cosas para la Secretaría de Hacienda siguen complicadas y es que le siguen haciendo reclamos porque siguen sin llegar fondos a los hospitales. Este jueves 23 de mayo, 11 de los 13 directores de institutos de especialidades médicas pidieron a diputados apoyo para que intercedan por ellos ante las Secretarías de Hacienda y Salud para que atiendan la crisis del sector.
Según advirtieron hay 2 mil 400 millones de pesos presuntamente retenidos por la SHCP que no han bajado a las entidades; los reclamos fueron muy fuertes y aunque ya hay una reunión para el lunes con Hacienda, Salud, diputados, senadores y responsables de finanzas de los institutos de especialidades y de centros de salud, la situación no es tan fácil de resolver. Sin duda, seguimos viendo a un gobierno autoritario con las instituciones de salud. Por el momento, querido lector, es todo.
