La semana pasada aparecieron dos intervenciones acerca del aborto diametralmente opuestas. Mientras en Estados Unidos el estado de Alabama votó una restrictiva ley que sólo permite el aborto para salvar la vida de la mujer, en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo señalando la obligación de las autoridades sanitarias de anteponer el derecho a la salud por encima de los códigos penales. Con la restrictiva ley estadunidense los médicos se enfrentan a 10 años de cárcel si intentan practicar un aborto y a 99 años si lo hacen, mientras que el criterio de la SCJN permite actuar a los médicos por encima de otras consideraciones.
La relevancia de lo que resolvió la Primera Sala de la SCJN, con unanimidad de cinco votos, es enorme. La historia es la siguiente. A Margarita, de 40 años, una derechohabiente del ISSSTE, le fue diagnosticado un embarazo de alto riesgo, por lo cual ella solicitó un aborto por la afectación a su salud que implicaba proseguir ese proceso. El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre le negó una interrupción aduciendo que la Ley General de Salud no establece nada en relación con el aborto por motivos de salud de la mujer.
Aunque el aborto por razones de salud es legal en la Ciudad de México, las instituciones de salud federales, como el ISSSTE y el IMSS, justifican su negativa a realizar abortos aduciendo que son instituciones federales y que el Código Penal Federal no incluye la causal de salud. Ante la negativa, y consciente de que su caso no era el único que enfrentaba la rigidez burocrática de dichas instituciones, Margarita decidió dar la batalla y, acompañada por el GIRE, puso un amparo.
El litigio duró cinco años, y a lo largo de ese tiempo se fueron sorteando distintos obstáculos hasta llegar al pasado miércoles 15, cuando la SCJN resolvió el amparo 1388/2015. En él determinó que el Centro Médico tenía la obligación de proporcionarle a Margarita el servicio de interrupción del embarazo por las afectaciones y riesgos a su salud, y que al no hacerlo violó su derecho a la salud. El proyecto de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sostuvo que la Ley General de Salud debe interpretarse de tal manera que las mujeres puedan interrumpir un embarazo que esté afectando su salud, ya que si las instituciones de salud se niegan a interrumpir un embarazo que causaría afectaciones o riesgos a la salud incurren en una violación de derechos humanos. Esta resolución establece un criterio sumamente relevante para resolver casos similares, pues señala que el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo cuando haya afectaciones a su salud debe garantizarse con independencia de que la causal salud esté explícitamente en el código penal.
En Estados Unidos la reciente reforma a la ley de Alabama, que sólo permite el aborto para salvar la vida de la mujer, es parte de una estrategia de los republicanos para forzar a la Suprema Corte a que revise la resolución Roe versus Wade, de 1973. Este juicio consagró el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de un embarazo, pero desde entonces los republicanos han intentado revertir la legalización del aborto, obstaculizando al máximo los servicios públicos. Con Trump los republicanos han endurecido su postura, aunque estos dos últimos años ha crecido una rebelión interna encabezada por un grupo de mujeres republicanas a favor de la libertad de elección en esa materia.
El aborto se ha politizado y, en el contexto preelectoral de nuestro vecino del norte, varios candidatos presidenciales demócratas ya salieron a plantear que hay que fortalecer el derecho de las mujeres a decidir. El senador Cory Booker fue el primero en declarar que, de ser elegido, él garantizaría en todo el país el derecho al aborto, incluso si la Suprema Corte cancelara la Roe vs. Wade. Luego las senadoras Kirsten Gillibrand y Elizabeth Warren prometieron lo mismo. Por lo visto, el tema del aborto será decisivo en las próximas elecciones estadunidenses.
Por lo pronto, mientras la indignación y la pesadumbre embargaban a las estadunidenses por lo ocurrido en Alabama, Busy Philipps, una joven actriz, lanzó una iniciativa similar al movimiento #MeToo. Con el hashtag #YouKnowMe (“tú me conoces”) les pidió a usuarias de redes sociales que compartieran sus historias personales de aborto.
