REPUBLICA DE GUATEMALA.- Los guatemaltecos eligen este domingo desde presidente hasta alcaldes, después de una campaña en la que muchos fueron vetados por corrupción o vínculos a la delincuencia, dejando al desnudo el grado de infiltración del crimen organizado en la política
La votación fue suspendida en el municipio de San Jorge, al este de Guatemala, por amenazas de muerte contra las autoridades electorales, reportó el ministro del Interior, Enrique Degenhart.
Los guatemaltecos elegían este domingo desde presidente hasta alcaldes, después de una campaña en la que muchos fueron vetados por corrupción o vínculos a la delincuencia, dejando al desnudo el grado de infiltración del crimen organizado en la política.
La ex primera dama de centroizquierda Sandra Torres busca la presidencia por tercera vez consecutiva y es la favorita con un 20% de las preferencias, seguida de Alejandro Giammattei, un cirujano conservador que se postula por cuarta vez, con el 14%.
En tercer lugar está Roberto Arzú, sin mucha experiencia política pero proveniente de una familia con historia en la clase dirigente guatemalteca, que llega con alrededor del 8% de la intención del voto.
Con una quincena más de candidatos presidenciales, el voto de ocho millones de guatemaltecos probablemente estará tan atomizado que nadie logrará los sufragios suficientes para evitar una segunda vuelta en agosto.
Para combatir la pobreza y corrupción Torres propone reactivar programas sociales que implementó cuando fue primera dama y una política de cero tolerancia. En tanto, Giammattei ha ofrecido seguros de salud para menores y trabajos de medio tiempo para aumentar los puestos, y mayor fiscalización en las compras del Estado.
El panorama hubiera sido diferente si las dos candidatas con mayor intención de voto para la presidencia -que dejará vacante Jimmy Morales en enero del 2020- no hubieran sido impedidas de postularse por elTribunal Supremo Electoral: la exfiscal Thelma Aldana y Zury Ríos, la hija del exdictador Efraín Ríos Montt.
Sobre Aldana pesa una orden de detención por peculado y defraudación tributaria. En el caso de Ríos, la Corte de Constitucionalidad resolvió que no podía participar en el proceso porque la ley prohíbe hacerlo a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad de líderes de un golpe de Estado.
