El ex titular de la antes Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, dijo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se investigaba el grupo criminal Guerreros Unidos «desde meses antes de lo ocurrido en Iguala”.
Sostuvo que las investigaciones se realizaban “en estrecha colaboración” con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), como nombres y posibles domicilios de algunos integrantes del cártel entre ellos autoridades municipales, operadores o líderes, sus números telefónicos, hallazgo de fosas clandestinas y de un narcolaboratorio.
Además, señaló que hubo coordinación con el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con la Policía Federal y con el Ejército.
Blanco Cabrera aseveró que la noche del 26 y las primeras horas del 27 septiembre de 2014, actuó con inmediatez en la atención del asunto.
“A mi llegada a la ciudad de Iguala, instruí al personal policial ministerial que se diera a la tarea de buscar y resguardar en las instalaciones de la Fiscalía Regional a estudiantes dispersos, que huían o se escondían de sus agresores, habiendo logrado rescatar a poco más de 60, tal como consta en el respectivo reporte de incidencias”, relató.
Asimismo, señaló que entre las acciones que se implementaron al conocer de la agresión contra los normalistas destaca el intercambio de información con instancias o funcionarios públicos federales y estatales, como el delegado del CISEN, el delegado de la Procuraduría General de la República, el encargado de la Coordinación de la Policía Federal y mandos de la Novena Región Militar.
Recordó que la representación social estatal intervino tras conocer sobre lo ocurrido en Iguala, alrededor de las 23:00 horas del 26 de septiembre de 2014.
“Se me hizo saber por vía telefónica que se había suscitado un enfrentamiento en la referida ciudad, en la que al parecer, estaban involucrados estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. La institución ministerial no era parte del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), por lo que no se contó con información en tiempo real”, apuntó.
A pesar del desfase en la información, destacó las tareas de rescate y resguardo de más de 60 estudiantes que huían o estaban escondidos.
También subrayó las acciones que llevaron a identificar a 22 agentes de la corporación en calidad de probables responsables de los hechos, entre los cuales sobresale el trabajo pericial (pruebas de Harrison y Lunge) que permitió concluir que los oficiales accionaron sus armas contra los normalistas y que existían correspondencias entre algunos de los elementos balísticos encontrados en los distintos lugares de los hechos y algunas de las armas de cargo de los policías.
