ESTÉNTOR POLÍTICO
Miguel Ángel Casique Olivos
El pasado 1o de julio, justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador celebraba un año de su triunfo electoral y sus primeros siete meses de gobierno –¡como si hubiera algo qué festejar!– el Congreso de Hidalgo aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución Política local que permite someter a juicio político al gobernador del estado. Para que esto ocurra debe votar a favor la mayoría de los 84 ayuntamientos hidalguenses, pero la posibilidad de un juicio contra el actual mandatario priista, Omar Fayad no es lejana porque su administración, que se halla a medio camino, ha resultado deficiente o francamente mala.
Con 26 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Legislatura aprobó reformar el Artículo 150o de la Constitución hidalguense, para que el mandatario estatal pueda ser sujeto a juicio político al igual que los diputados locales, alcaldes, magistrados y algunos funcionarios. Una vez sometido a juicio, el gobernador podrá se acusado por delitos del orden común y violaciones a los derechos humanos, de las que por cierto hay abundantes denuncias en su contra a causa de su ineficiencia como gobernador.
La iniciativa de reforma constitucional fue aprobada por la Cámara de Diputados; pero una parte importante de la población también se manifestó a favor de la misma con el argumento de que no había justificación para que el gobernador fuera excluido de la figura legal del juicio político, ya que todo servidor público debe tener un desempeño ejemplar y responder de su actuación ante los ciudadanos.
Algunos legisladores, entre ellos la diputada María Luisa Pérez, pidieron que el juicio político no se utilice como un instrumento de ajuste de cuentas o revanchas políticas, pero la aprobación de la iniciativa hizo que la opinión pública hidalguense recordara los atropellos que el gobernador Omar Fayad ha cometido contra la población, entre ellos su responsabilidad por la muerte de una ciudadana el pasado 10 de abril cuando, abusando de su poder, mandó detener y secuestrar los autobuses que transportaban a 40 mil personas, quienes participarían en una protesta ante la falta de respuesta de su gobierno a su demanda de obras y servicios públicos. El fallecimiento ocurrió cuando un vehículo desconocido se le cerró a uno de los autobuses y lo indujo a volcarse, “accidente” en el que también resultaron gravemente heridas varias personas.
Otro ejemplo de represión política y abuso de autoridad de Fayad es lo ocurrido el 18 de abril del presente, cuando se cumplieron 10 días de la instalación del plantón antorchista en la Plaza Juárez de Pachuca. Dos sujetos desconocidos, al frente de un grupo de porros, armados con navajas –de cuyo manejo y envío se responsabiliza al secretario de gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar– acudieron al plantón instalado frente al Palacio de Gobierno para quitar la propaganda que denunciaba al gobernador por no resolver las demandas del pueblo hidalguense.
Omar Fayad, con su conducta represiva y soberbia, deja muy mal parado a su propio partido, el Revolucionario Institucional; es un mandatario que ha incumplido la mayoría de sus promesas en una entidad que registra más del 50 por ciento de su población en pobreza, según dio a conocer en mayo un estudio de José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La encuestadora Arias Consultores difundió, también en mayo, los resultados de un estudio en el que el gobierno de Fayad fue calificado de malo por el 33.6 por ciento de los ciudadanos consultados, desaprobado por el 51.6 por ciento y visto con indiferencia por el restante 14.8 por ciento. A la pregunta de cuánta confianza les inspira el gobernador, el 62.3 por ciento de los hidalguenses encuestados dijo no sentir ninguna. Con respecto a los apoyos sociales que el gobierno de Hidalgo entrega a las personas de escasos recursos, el 53.4 por ciento dijo que su situación no ha mejorado en nada. El 50 por ciento de los encuestados afirmó, asimismo, que la obra pública ofertada por el gobierno estatal no ha mejorado con respecto a la de la administración pasada.
Un dato relevante, porque afecta a los hidalguenses más pobres, es el relativo a la oferta sanitaria del sistema de salud pública: el 70.6 por ciento consultado se dijo afectado por su deficiente, la falta de medicinas y la alta mortalidad en los hospitales. En el rubro de inseguridad pública, los resultados de la encuesta de Arias Consultores fueron igualmente negativos para el gobierno de Omar Fayad, pues el 63 por ciento de los hidalguenses dijo sentirse inseguro.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los 84 municipios de Hidalgo habitan dos millones 862 mil 970 ciudadanos; de los cuales, de acuerdo con un informe sobre pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), un millón 778 mil 836 se hallan en situación de pobreza, cifra equivalente al 51 por ciento de la población.
Por su falta de atención a los hidalguenses, el atropello a sus derechos, el abuso de la fuerza policiaca contra el pueblo pobre; por la negligencia que evidenció la tragedia en Tlahuelilpan, cuyo saldo es de más de 125 muertos, el gobernador priista Omar Fayad Meneses puede ser enjuiciado, solo es cuestión de tiempo. Por el momento, querido lector, es todo.
