ESTÉNTOR POLÍTICO
Miguel Ángel Casique Olivos
Se puede asegurar, casi sin riesgo o temer a equivocarse, que la acción del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de haber destituido al Gonzalo Hernández Licona, que por 18 años había conducido el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para medir y analizar, y lo hizo con eficiencia y buenos resultados, los datos de pobreza en México, iba más allá de ese despido.
“Que se vayan los 600 millones a combatir la pobreza, en vez de crear el aparato para medir si hay pobreza o no», fue la frase, no muy bien pensada, de ya saben quién y que nos debe motivar a la reflexión de por qué son palabras que refuerzan que el plan ya estaba, está y seguramente se irá ejecutando, pese a que varios actores políticos como Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, (Banxico), dijo este jueves que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) puede recopilar y procesar la información sobre la pobreza, pero estos deben ser validados por otra instancia, en este caso el Coneval y que por tanto el Inegi no puede sustituirlo.
En tuits, que es lo que está de moda en estos días, Esquivel aseguró que el Coneval es más que la simple medición de la pobreza, pues evalúa el diseño, operación e impacto de la política social. Su independencia y objetividad es crucial. López Obrador, sin embargo, también dijo que no descarta la posibilidad de que desaparezca.
Y sin más, AMLO vuelve a su línea impositiva de gobernar, «el Inegi hace este trabajo, ya mide lo que tiene que ver con crecimiento económico, y también mide pobreza. Entonces son cosas que se tienen que ir ajustando, es parte de la transformación, de la austeridad republicana».
La cruzada de AMLO contra los organismos autónomos parece más una venganza política que una herramienta positiva para seguir con su plan de «austeridad»; nadie asegura, y sería un error hacerlo, que todos las instituciones autónomas que se han creado a lo largo de la historia de nuestra nación sean indispensables; pero tampoco ningún político, sea presidente, diputado o senador, tiene derecho a desaparecer organismos autónomos sin antes hacer un verdadero análisis, -y se debe hacer con mucho cuidado-, de su existencia y funcionamiento, no hacerlo es cometer un error que tarde o temprano traerán más problemas al gobierno y a la sociedad.
El Coneval, sin entrar a mucho detalle, dice la mayoría de analistas e investigadores, determina la eficacia de los programas sociales y lo ha hecho bien, incluso se puede observar a detalle con las recomendaciones que hacía su extitular, Hernández Licona, a los gobiernos en sus tres niveles: federal, estatal y municipal. Entonces, despojar a México del Coneval sería un mal cálculo y un error político de altos costos, porque antes de atacar un problema, siempre será mejor hacer un diagnóstico y la ruta a seguir para atacar de fondo el problema, con alto grado de efectividad y buenos resultados. No hacerlo así, también el resultado seguramente será negativo.
El clímax no político…
No puede cantar victoria. Ayer la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) difundió la autorización, de manera condicionada, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la manifestación de impacto ambiental que permite la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía; pero la falta de diversos estudios técnicos y 11 suspensiones judiciales vigentes impiden que los trabajos puedan iniciar; y es que tras la publicación de esa resolución, el colectivo #NoMásDerrochesdestacó que la autorización es sólo un permiso de varios que debe tener la nueva terminal. López Obrador, pues, aún no puede cantar victoria. Por el momento, querido lector, es todo.
