La Fiscalía General de la República (FGR) investiga cuatro inmuebles que presuntamente fueron convertidos, por funcionarios de la Sedatu y la Sedesol, en las “fábricas de documentos falsos” empleados en la llamada Estafa Maestra.
De acuerdo con informes federales, al menos tres exservidores públicos han declarado a la Fiscalía que estos domicilios, ubicados en las colonias Anzures y Polanco, operaban como oficinas “alternas” de colaboradores del exoficial mayor, Emilio Zebadúa, para fabricar contratos, recibos y comprobantes con firmas falsificadas.
La información proporcionada a la FGR apunta a que los excolaboradores de Zebadúa falsearon las rúbricas de 11 exfuncionarios para, supuestamente, justificar el desvío de aproximadamente 2 mil 800 millones de pesos de la Sedatu y de la desaparecida Sedesol.
Uno de los lugares está localizado en Tennyson 77 en Polanco, identificado ante la Fiscalía como oficina de Zebadúa, quien administró los dineros en la Sedatu y la Sedesol como colaborador de Robles.
Vinculan a Robles con ‘fábricas’ de falsificados
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Fiscalía General de la República solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda congelar las cuentas de Rosario Robles para continuar con la investigación por la Estafa
Maestra.
La extitular de la Sedesol y la Sedatu pidió en una carta a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, no permitir que influya el “linchamiento mediático” del que afirma ser víctima.
Robles señaló que antes de comparecer el próximo jueves 8 de agosto se debe descartar el “efecto corruptor” de su proceso y le recuerda a Zaldívar que él ha sido uno de los defensores de esta tesis.
‘3 TESTIGOS’
Por su parte, la FGR halló vínculos entre Zebadúa, Robles y “oficinas alternativas” de la Sedatu y la Sedesol que fungieron como “fábricas de papeles falsos”, como la oficina donde operaba el mismo Zebadúa, que se ubica en Tennyson 125, en Polanco.
Otros dos inmuebles eran las oficinas de Claudia Morones Sánchez, contadora en ambas dependencias, localizadas en Bahía Magdalena 125 y 146, en la colonia Anzures, y que es señalada como coordinadora de las “fábricas” .
Además de los domicilios que hoy indaga la Fiscalía, la red para el saqueo a Sedesol y Sedatu operó en otros 10 domicilios y oficinas a donde llevaron más de 700 millones de pesos.
Los datos fueron obtenidos por la FGR con los testimonios de José Antolino Orozco, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra, exdirector general de Coordinación de Delegaciones, y María del Carmen Gutiérrez Medina, exjefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en Sedatu y Sedesol.
Los exfuncionarios consiguieron en las últimas semanas un preacuerdo con la FGR para colaborar en las investigaciones a cambio de inmunidad penal.
Los testigos señalaron que sus firmas fueron falsificadas en convenios, solicitudes de pago y oficios empleados para desviar por lo menos 2 mil 60 millones de pesos en las dependencias federales.
