- El tema fue abordado por alumna de doctorado de la Unidad Cuajimalpa de la UAM
En los últimos 15 años, el Estado mexicano ha sido recurrentemente demandado ante el sistema internacional de disputas de inversión por el incumplimiento de contratos y por no haber permitido la obtención de los beneficios que la contraparte esperaba, en virtud de algún proyecto, una situación en la que las llamadas expropiaciones han sido la principal causa de que el país ocupe la séptima posición entre aquellos con mayor número de litigios por este motivo.
De acuerdo con una investigación realizada por Rocío Hernández Vite, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Cuajimalpa, al amparo del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio cualquier inversionista de los estados signatarios con algún proyecto en el país puede demandar al Estado por el incumplimiento de los estándares mínimos de protección al capital extranjero.
En el Encuentro de pensamiento y praxis El derecho en la reconfiguración del capital, la maestra Hernández Vite señaló que los procedimientos arbitrales se rigen al amparo de acuerdos de alcance global, sin invocar la legislación nacional, pues existe la opción de recurrir de manera directa a la autoridad internacional sin agotar los recursos jurídicos internos.
Estos acuerdos multilaterales no contienen protección a los derechos humanos, sino que se limitan a establecer la protección al capital extranjero y tampoco permiten a los nacionales demandar al gobierno por no cumplir con los estándares de protección, es decir, su objetivo se restringe a la salvaguarda de los recursos foráneos.
De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, México ocupa el séptimo lugar entre los países más demandados, con alrededor de 20 casos resueltos, cuyas cuantías se miden en miles y millones de dólares que son absorbidos del erario público.
Durante las controversias muchos alegan que el gobierno mexicano ha expropiado directa o indirectamente su inversión, al hablar en forma directa se hace referencia al momento en el que el Estado otorga una concesión y por alguna razón la suspende o expropia el terreno donde se efectuaba dicho proyecto de inversión.
O bien una expropiación indirecta, durante la cual aunque el gobierno no haya expropiado la propiedad o los recursos monetarios del inversionista, el Estado impidió que obtuviera los beneficios que aquél esperaba para dicha propuesta.
En el país han sido recurrente la otorgación de la concesión de manejo de residuos sólidos o peligrosos, cuyos confinamientos no siempre tienen los procedimientos adecuados en términos de derecho ambiental o de consulta a los pueblos, y al desatarse un conflicto el Estado suspende o revoca la concesión y el inversionista alega que hay una expropiación.
En esta primera etapa de investigación, la maestra Hernández Vite ha realizado un mapeo para determinar qué tipo de controversias y qué tipo de casos ha enfrentado el gobierno de México, enfocándose en analizar a los actores principales.
Del lado mexicano destaca la participación de la Secretaría de Economía y la Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, y por el otro una serie de inversionistas que en su mayoría es de origen estadounidense; en última instancia figuran los árbitros que son designados por las partes durante la controversia, quienes frecuentemente son de origen europeo.
Otros actores destacados son los expertos en diversas disciplinas o ciencias, que en ocasiones son llamados a las controversias para abonar en la resolución de los casos, aunque el sector social –ciudadanía, academia, pueblos indígenas o comunidades afectadas– está por completo excluido, pues no cuentan con un mecanismo mínimo de participación.
Este asunto de gran relevancia se ha mantenido oculto o poco visible frente a la opinión pública, incluso ha sido controlado por un círculo muy cerrado de personajes sociales que poseen el control sobre los temas de inversión, por ejemplo, en Sudamérica hay fuertes demandas por recursos naturales estratégicos como el agua o el petróleo, por lo que debería prestársele mayor importancia, concluyó.
