Cada año en México se registran de mil 400 a mil 500 muertes violentas de mujeres jóvenes (de entre 10 y 29 años de edad), lo que da un promedio de 2007 a 2018 de 18 mil homicidios. El juvenicidio femenino en el país es el tema de investigación de Sarah Patricia Cerna Villagra, cuya hipótesis principal de su estudio es que las muertes violentas de mujeres jóvenes aumentan en las zonas precarias de la República Mexicana.
“Esta investigación indagará los perfiles de las víctimas de muertes violentas y las condiciones socio-económicas y geográficas de los municipios en las cuales ocurren”, indicó la doctora en ciencias políticas y sociales. Escogió este grupo de la población porque se diferencian de las muertes de sus pares varones, también jóvenes, porque posiblemente se vinculan a mercados ilegales diferenciados; en el caso de las mujeres se les relaciona con tendencias misóginas o sexistas.
Por su proyecto de investigación en Ciencias Sociales “Juvenicidio femenino en México, una aproximación socio-demográfica, económica y geográfica del fenómeno”, obtuvo la Beca para Mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales 2019.
La investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género en el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México eligió para su investigación a las seis entidades federativas más violentas del país para mujeres jóvenes: Baja California, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Chihuahua y Estado de México, que concentran cerca del 50% del total de los homicidios dolosos de mujeres en el país.
“Son zonas de alta precarización social y económica (donde prevalecen empleos precarios, desempleo o altos índice de pobreza) junto con la presencia de mercados ilegales como el narcotráfico, la producción de estupefacientes, el tráfico de personas, el turismo sexual y una condición geográfica específica (costa o frontera), características que generan una vulnerabilidad extrema y permiten comprender el aumento del juvenicidio femenino en estos espacios”.
Cerna Villagra se propone crear mapas georeferenciados de los municipios más violentos y los menos, identificar mercados ilegales en los municipios más violentos para las mujeres jóvenes y creación de bases de datos que podrían ser de utilidad para implementar políticas públicas para prevenir la violencia e inseguridad de manera focalizada y coordinada entre el gobierno federal, estatal y municipal y no estrategias generales para todos los territorios del país, como se viene haciendo hasta ahora.
Indicó que en este estudio se apuesta más por explorar los factores relacionados con los mercados ilegales que con la pobreza ya que la especialista ha trabajado con otros investigadores en el proyecto “Atlas de la violencia en América Latina” con la variable pobreza, y señaló que no tiene fuerza explicativa, por ejemplo, los estados más pobres del país, Oaxaca y Chiapas, no son los más violentos.
Desde el año 2006 y hasta 2018, en México se ha venido observando un incremento de la violencia y homicidios en general en el contexto de la Guerra contra el Narcotráfico, siendo los años 2017 y 2018 los más violentos; en 2017 ocurrieron 32 mil 79 homicidios dolosos, de los cuales, 28 mil 522 fueron asesinatos de hombres y 3 mil 420 de mujeres; los datos de 2018 serán presentados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en septiembre.
Las consecuencias de esta violencia son, además de los homicidios de hombres y mujeres, desplazamiento forzado, emigración, feminicidios, desapariciones, violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, entre otros fenómenos sociales.
Actualmente, se encuentra afinando el marco teórico y la estrategia metodológica. A partir de octubre comenzará a crear la base de datos de los municipios más violentos para las mujeres jóvenes y posteriormente la identificación de mercados ilegales en estos municipios para luego realizar trabajo de campo. Cerna Villagra contempla entrevistar a por lo menos 20 representantes de los observatorios de feminicidios, miembros de organizaciones sociales para víctimas de estos delitos y/o autoridades expertas.
