- El Coloquio Biotecnología, semillas, soberanía alimentaria y sociedad tuvo lugar en la Unidad Xochimilco
Las leyes mexicanas para regular la utilización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) han seguido el enfoque de Estados Unidos al centrarse en el producto y no en el proceso, explicó la doctora Alma Piñeyro Nelson, académica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Dicha normativa –que quedó plasmada en la Ley de Bioseguridad de OGM aprobada en 2005– inicia con una postura precautoria que luego se desdibuja debido a la lógica de funcionamiento calcada de la legislación estadounidense, que es muy laxa en el uso de esos organismos; las agencias regulatorias de aquel país pueden o no ejercerla y tienen una política de puertas abiertas a su utilización.
Al participar en el Coloquio Biotecnología, semillas, soberanía alimentaria y sociedad. Situación de conflicto de los cultivos genéticamente modificados, realizado en esa sede universitaria, sostuvo que muchas veces las personas que promueven el uso de transgénicos asumen que como no hay pruebas de daños, entonces no los hay y eso ha sucedido porque no se han hecho las evaluaciones pertinentes.
En el país vecino si un organismo genéticamente modificado es equivalente a su contraparte no genéticamente modificada se puede decir que son iguales y que la normativa que se aplica a un cultivo convencional puede ser extrapolada a uno que sí está genéticamente modificado, a ello le llaman Equivalencia Sustancial.
En términos legales y en contra del derecho humano del consumidor la denominada Equivalencia Sustancial impide que los productos transgénicos sean etiquetados; únicamente ocurre con productos de OGM cuando las características sean significativamente diferentes respecto de los productos convencionales.
Colín consideró que debe abrirse un debate para promover que las nuevas técnicas de mejoramiento genético se sometan a análisis de riesgo y que queden plasmadas en la Ley de Bioseguridad, y someterlas a discusión en mesas de trabajo en un ambiente plural y multidisciplinario para presentarlas ante el poder legislativo, considerando el factor socioeconómico y cultural.
