ESTÉNTOR POLÍTICO
Miguel Ángel Casique Olivos
En la encuesta de Arias Consultores llamada “Así van los 32 Gobernadores” que se aplicó en el mes de julio de 2019, ubican al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, como el penúltimo mandatario estatal peor aprobado del país; el gobierno veracruzano, así lo muestra la encuesta, baja su popularidad, hay mucha inseguridad y violencia y hay incertidumbre política, económica y social entre los veracruzanos.
Al morenista Cuitláhuac García parece que le ha quedado grande el puesto de gobernador, y esto es así porque en lo que lleva de administración muchos son los problemas que ha tenido que enfrentar y muy pocos, o ninguno, los ha podido sortear; incluso, ya en esa entidad se maneja y se comenta que el gobierno morenista está peor que cuando gobernaba el priismo y esto no está tan descabellado porque las acciones que se realizan en Veracruz, tienen como referencia las que se siguen a nivel federal; es decir, un gobierno emanado de un partido que no tiene un plan bien estructurado para ir atacando las problemáticas de fondo, tanto federales como locales.
Por ejemplo, desde los primeros días de administración, al gobierno veracruzano se le acusó de nepotismo y tráfico de influencias debido a que en varias dependencias se habían colocado hermanos, hijos, cuñados y parejas sentimentales de políticos de «Morena», todos ellos, se comenta, cercanos al gobernador; o sea, que lo que se dice llamar un gobierno nuevo y diferente, el de la 4T, nomás empeoró las situación política del estado.
Se supo por ejemplo que en dependencias como la Secretaría de Gobierno, de Salud, Educación y Finanzas y Planeación se convirtieron en agencias de colocación de los morenistas; uno de los casos más sonados fue el de la titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Guadalupe Argüelles quien contrató a su hija Quetzalli Cárdenas Argüelles como jefa de Departamento Jurídico en esta dependencia estatal; y aunque el gobernador el 5 de marzo aclaró que eso no sucedió pues se hizo la observación a tiempo.
Un caso más que se ventiló también en la prensa estatal y nacional, y que los mismos funcionarios confesaron, fue luego de una entrevista con Moisés Pérez Domínguez, subsecretario de Educación, quien promovió y apoyo la contratación de sus familiares en dependencias como la Secretaría de Gobierno; él mismo confirmó que sus dos hermanos, Nicolás y Juan Carlos, trabajaban en la Secretaría de Gobierno, y en la delegación de la Secretaría de Educación del Estado en Tantoyuca.
Por otro lado se sabe que Veracruz recibió mucho presupuesto de la Federación y es muy poco lo que se está invirtiendo y aplicando en obras y servicios para la población como apoyos para vivienda, educación, drenajes, clínicas, salud y empleo; en este 2019 alrededor de 75 millones de pesos fue lo que dejó de gastar el gobierno de Cuitláhuac García, a pesar que Veracruz se encuentra en una situación económica muy difícil; pero al parecer al “gober” no le interesa mucho lo que se diga de él y lo que piensen los veracruzanos, total, él tiene la vara alta con el presidente López Obrador, y tanta es la cercanía que ya se sabe que para para el 2020, la entidad será la segunda más favorecida con el presupuesto federal.
Pero lo que es vox populi es que ese presupuesto para el 2020 y los recursos no aplicados del 2019, están llenando a toda prisa «el cochinito» de cara a las elecciones municipales que empezarán a operar en el 2020, esto ante el temor que se tiene de la posible Alianza PAN-PRI, y de que esta les pueda dar un susto a los morenos en la entidad; algo totalmente posible, pues el fenómeno se está fraguando no sólo en Veracruz, sino a nivel nacional, una alianza entre la oposición para frenar el mal gobierno de los morenistas en varias entidades del país.
La poca aceptación del gobierno de Cuitláhuac García por su nulo trabajo en favor de los veracruzanos; más la percepción real de que en el estado la inseguridad, violencia y la pobreza siguen aumentando, y que la corrupción no sólo no se ha eliminado sino que ha incrementado, los políticos morenistas estatales se encuentran en estado de alerta, algo que sin duda, están capitalizando ya Joaquín Guzmán Avilés y Miguel Ángel Yunes Linares; por ello, se han repartido la entidad en dos zonas para la operación política: de norte al centro, le toca al «Chapo Veracruzano» y del centro al sur a Miguel Ángel Yunes Linares. Don Cuitláhuac sí la tiene difícil, pero dicen que él también tiene otros datos y que no se preocupa.
Por lo pronto este miércoles 11 de septiembre una muestra de inconformidad de la población se está dando cuando al menos 10 mil veracruzanos realizan una manifestación porque persiste la cerrazón del gobierno de Veracruz para resolver las demandas de obras; esta es la segunda protesta masiva que se hace, la anterior fue el pasado 19 de agosto en Plaza Lerdo donde ningún funcionario morenista de Cuitláhuac recibió o escuchó a los manifestantes. Las demandas todas tienen que ver con apoyo a la gente más necesitada, tanto de colonias como en la zona rural: educación, vivienda, tanques de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales, electrificaciones, drenajes, escuelas, remodelación, entre otras peticiones.
En Veracruz la escasa aplicación de recursos del gobierno de Cuitláhuac García, la implacable inseguridad y violencia que tiene en terror a la población, la ineficiencia política del gobierno para atender las demandas de sus gobernados, más el hecho de que en las arcas del gobierno estatal se está haciendo un ahorro económico que usará y se aplicará para hacer frente a las campañas municipales y a la venidera alianza PAN-PRI, alianza que al gobernador Cuitláhuac García le traerá unos dolorcitos de cabeza.
El clímax no político…
Ya no hay para dónde. Y es así porque ya el pleno de la Cámara de de Senadores hace unas cuantas horas aprobó en lo general y en lo particular por 66 votos de Morena, PVEM, PT y PES 45 legisladores del PAN, PRI, MC y PRD sufragaron en contra, un paquete de reformas para tipificar la defraudación fiscal como delito cometido por el crimen organizado, elevar la conducta ilegal a rango de amenaza a la seguridad nacional y aplicar prisión preventiva oficiosa a los delincuentes que evadan al fisco. Esta ley sin duda pasará, pero al mandatario nacional, López Obrador, no se le debe olvidar que un país no sólo se debe gobernar con leyes; también se debe gobernar con atención a los temas más sentidos y preocupantes de la población, algo que él y su gabinete están olvidando. Por el momento, querido lector, es todo.
