En
el último año de gobierno del priista Enrique Peña Nieto, el equipo de Rosario
Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) generó
un “probable daño” de 567 millones 367 mil pesos al erario, porque dejó inconclusas
cerca de 26 mil obras de mejoramiento de viviendas populares, según la Auditoría
Superior de la Federación (ASF).
El organismo fiscalizador precisó que esta
irregularidad se cometió a través del Fondo Nacional de
Habitaciones Populares (Fonhapo), año tras año desde 2015 –cuando Robles encabezó
la Sedatu–, por un
monto que sumó 4 mil 77 millones de pesos, en cuatro años.
Robles se encuentra recluida en la cárcel de Santa Martha Acatitla desde agosto pasado, debido a los desvíos multimillonarios de programas sociales que la ASF detectó durante sus gestiones en la administración de Peña Nieto, conocidos como Estafa Maestra.
En dos informes de auditoría publicados ayer, la ASF encontró una serie de anomalías en la operación del Programa Nacional de Vivienda, que además estuvo mal diseñado, mal planeado y mal implementado, y concluyó que “en 2018 el Fonhapo no acreditó que erogó los recursos con eficacia y eficiencia”.
Por ejemplo, detectó que, en la delegación de la Sedatu en la Ciudad de México, 460 mil 448 pesos del programa fueron a parar “sin fundamento” a la cuenta bancaria personal de Víctor Alejandro Pedraza Zepeda, un extrabajador del DIF en el Estado de México, quien en ese entonces era subdelegado en la capital del país.
Actualmente
Pedraza labora en la oficina de representación del Instituto
Nacional de Migración (INM) en la capital mexicana.
La ASF también señaló que el propio equipo de trabajo
del Fonhapo ni
siquiera fue capaz de frasear de manera correcta el problema público que
pretende atacar: planteó que su objetivo es “limitar el acceso a vivienda digna
con materiales de calidad para hogares en situación de pobreza con ingresos por
debajo de la línea de bienestar, en condiciones de vulnerabilidad, rezago y
marginación”.
