El
Gobierno federal falló en su último intento para revertir los fallos que han
declarado ilegales los informes bancarios con los que se pretende juzgar a
Javier Nava Soria, contador implicado en los desvíos de Javier Duarte.
El Décimo Tribunal Colegiado Penal resolvió en
última instancia desechar un amparo que presentó la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) contra la decisión de invalidar estas pruebas por obtenerse
sin una orden judicial.
El 7 y 8 de noviembre de 2018, en el proceso contra Nava, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia invalidó 10 estados de cuenta bancarios, el testimonio de 10 funcionarios de los bancos y un dictamen de contabilidad.
El fundamento de esa resolución es un criterio aislado del 22 de noviembre de 2017 por la Suprema Corte, que califica de inconstitucional el acceso a informes bancarios sin la autorización de un juez.
Si bien la Fiscalía General de la República (FGR) apeló el fallo de Fuerte Tapia, el 15 de abril pasado el Magistrado Enrique Escobar Ángeles, del Sexto Tribunal Unitario, confirmó el resolutivo con base en el mismo criterio.
Es contra esta última decisión que Javier Humberto Domínguez Aguilar, Director General de Procesos Legales de la UIF, presentó un amparo ante el Quinto Tribunal Unitario Penal, que preside el magistrado Ricardo Paredes Calderón.
