Además
de 16 bolsas con
restos humanos, el Ejército de Colombia asegura haber sacado de la
zona del bombardeo en Candilejas, Caquetá, un sofisticado fusil que portaba el
grupo de alias Gildardo Cucho, cabecilla de la disidencia de las FARC, dado de
baja el 29 de agosto, junto a 8 menores reclutados por este grupo ilegal.
Reportes militares –entregados por la Fuerza de
Tarea Conjunta Omega– dan cuenta de que en ese campamento había AK-47 y Galil, pero también
12 fusiles de asalto americanos: M-4, M-16, AR-15, una ametralladora M-60 y un
moderno fusil Colt para francotiradores, con una mira telescópica para disparos
letales a mil 200 metros de distancia.
Expertos en seguridad, como John Marulanda, coinciden en que un fusil de francotirador de estas características es poco común para una guerrilla.
Pero el hallazgo confirma lo que hace rato se sabe: que los poderosos cárteles mexicanos –Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y ‘los Zetas’– y brasileños –‘la Familia del Norte’, el Primer Comando y la ‘Familia Vermelho’– están pagando los cargamentos de coca con armas modernas y empoderando militarmente a bandas y disidencias.
Varios indígenas del Cauca han sido asesinados con esas armas, pero también han sido usadas para atacar a la Policía en Bogotá, atracar joyerías y nutrir el comercio ilegal.
“La
coca es mejor moneda de pago para los traficantes de armas que el efectivo, así
sean dólares. Siempre es más difícil rastrear el origen de un kilo de coca que
el de cualquier billete”, dice Néstor Rosanía, director del Centro
de Estudios en Seguridad y Paz.
Evidencia en poder del Gobierno indica que estas
armas están ingresando en embarcaciones que fondean en los puertos de
Buenaventura, Tumaco y Turbo, con la complicidad de funcionarios corruptos de
aduanas.
