Los feminicidios
contra las niñas y adolescentes aumentaron 13.5 por ciento en el país
durante los primeros siete meses de 2019.
En su balance anual más reciente, la Red
por los Derechos de la Infancia en México (Redim), reportó que mientras en 2018
se cometieron siete feminicidios infantiles al mes, durante el 2019 la
cifra aumentó a ocho por mes.
El documento detalla que las entidades más letales para este sector de la población son el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas al registrar 55, 33, 23 y 21 víctimas, respectivamente, de enero de 2015 a julio de 2019.
La organización también reportó que durante los primeros siete meses del nuevo Gobierno, en promedio 12 niños, niñas y adolescentes son víctimas de trata al mes, de los cuales el 70 por ciento son mujeres.
Abundó que diariamente cuatro menores desaparecen y tres más son asesinados, por lo que desde el año 2000 al cierre del 2019, suman 21 mil menores víctimas de homicidio doloso y 7 mil desaparecidos.
La organización alertó
acerca del reclutamiento forzado de menores por parte de grupos criminales y
fuerzas de seguridad mexicanas, cuyas cifras se desconocen.
«Los niños y adolescentes son
usados como informantes de las fuerzas armadas o grupos armados»,
advirtió.
«Éstos últimos los involucran en prácticas militares, procesamiento de
sustancias, comisión de delitos de alto impacto como homicidios, mutilaciones y
desapariciones, al tiempo que ellos mismos son sometidos a abusos y
explotación, sufren lesiones o, incluso, mueren».
Refirió que su condición
les priva de sus derechos con graves consecuencias físicas y emocionales.
Recordó que en 2011 y en 2015 el Comité de
Derechos del Niño de la ONU recomendó al Estado mexicano revisar la
estrategia de seguridad por el impacto negativo para millones de niñas, niños y
adolescentes.
En ese sentido, la Redim urgió al Gobierno
federal a atender los llamados para desarrollar una estrategia nacional de
prevención y atención a la violencia armada con niños, niñas y adolescentes con
apoyo de expertos internacionales y sociedad civil, con la finalidad de
establecer con claridad la responsabilidad de los tres niveles de Gobierno.
