Por: Adriana Argudín Palavicini
|En no pocas ocasiones, hemos podido constatar que en nuestro país la respuesta de la población ante diversos desastres naturales ha sido generalmente de solidaridad. Recordemos a manera de ejemplo el terremoto del 19 de septiembre de 2017, que dejó muertes y destrucción en varias ciudades y poblaciones. La reacción de diversos sectores de la sociedad fue casi inmediata, miles de personas salieron a las calles a ayudar, como les fue posible, a los damnificados; unos reunieron alimentos, agua, ropa, calzado; otros apoyaron en el retiro de escombros; algunos más prepararon comida y la regalaron; en fin, en medio de la tragedia, la bondad se abrió paso. Ahora, ante la pandemia del COVID-19 la reacción, evidentemente, no puede ser la misma pues estamos el ataque de un virus sumamente dañino, de fácil propagación y contagio, de ahí la recomendación de que la gente permanezca en su casa y procure salir de ella lo menos posible.
Aun así, son muchísimos los que por su trabajo no han podido implementar dicha recomendación, aunque la actividad de los lugares donde están empleados no sea considerada como esencial; otros, la mayoría, simplemente porque si no salen a trabajar se mueren de hambre. Entre los primeros, se encuentran los trabajadores del sector salud, los médicos, las enfermeras y demás personal que trabaja en clínicas y hospitales, así como los paramédicos que trasladan a las personas que presentan síntomas de contagio o bien ya están contagiados. En los últimos días, nos hemos venido enterando de casos verdaderamente alarmantes de personal de este sector que o bien ha resultado contagiado y lamentablemente ha fallecido o bien ha tenido que retirarse de su centro de trabajo para guardar cuarentena en casa, con lo cual se ha venido reduciendo, aún más dados los despidos, el personal de las clínicas y hospitales que dependen del Estado. Aunado a lo anterior, cada vez son más frecuentes los casos en que estos trabajadores han sido agredidos física o verbalmente por temor a que sean portadores del virus; las agresiones van desde negarles la compra de alimentos, pasando por negarles también el servicio de transporte, hasta negarles el ingreso a sus hogares, como ha sido, por ejemplo, el caso de una enfermera que tuvo que pedir el auxilio de la policía y de sus compañeros de trabajo para poder sacar sus pertenencias y mudarse. Todo eso, repito, bajo el argumento de que pueden contagiar a los demás.
¿Cómo explicarnos esta conducta irracional? ¿Acaso no alcanzan a comprender que los trabajadores de la salud, a los que hoy agreden y cercan, el día de mañana pueden llegar a salvarles la vida? Difícilmente podríamos asegurar que son incapaces de comprenderlo. Desde mi modesto punto de vista, tal conducta tiene su base en el hecho de que el gobierno de la 4T ha sido incapaz de prevenir el tsunami que ya tenemos encima y, por lo tanto, ha venido tomando medidas con una lentitud exasperante, a pesar de las primeras y dolorosísimas experiencias de países más desarrollados que siguen batallando contra la pandemia. Tal es el caso de la insuficiencia y, en muchos casos, de la carencia total de los insumos indispensables para quienes trabajan en este sector y que están en la primera línea de fuego, los médicos, las enfermeras, el personal de intendencia y los paramédicos, para protegerse eficazmente y proteger a los demás. Y aunque por distintos medios, incluso en manifestaciones públicas, varios de estos trabajadores han estado dando a conocer lo que requieren, no está demás consignarlas aquí: cubrebocas N95, caretas faciales, goggles quirúrgicos, overoles especiales y ropa desechable (batas, botas, guantes y gorros). Tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales deben atender, pero ya, esta demanda, pues lo que está en juego no es solo la vida de miles de trabajadores y sus familias, sino, además, la vida de millones de mexicanos.
Se sabe, además, que falta capacitación para la valoración y el diagnóstico de los pacientes que han acudido a los centros de salud, y se sabe también que los médicos han recibido instrucciones de consignar en la mayoría de sus reportes médicos que los enfermos presentan “neumonía atípica” y no coronavirus. Ello implica no solo poner a la población en manos no especializadas -y no por culpa de los médicos, que conste-, sino además mentirle al país entero y someter a los médicos al indigno dilema ético de mentir o decir la verdad, so pena de perder su empleo y pasar a engrosar las filas del desempleo. Urge, pues, levantar la voz contra esta política mendaz y deshonesta del gobierno de la 4T, exigiendo que a los mexicanos se nos diga la verdad, por muy cruda que esta sea, que no se obligue a los médicos a violar su juramento hipocrático y que se prepare al personal en el menor tiempo posible.
Para terminar; es del dominio público que tampoco se cuenta con el suficiente número de respiradores mecánicos y de camas de terapia intensiva para poder hospitalizar a un mismo tiempo a cientos de contagiados. Según la Secretaría de Salud, se cuentan con poco más de 5 mil 500 respiradores y con poco más de dos mil 400 camas; en cuanto a los primeros, de acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), seis de cada 10 ventiladores no funcionan, ya sea porque son obsoletos o porque están descompuestos, por lo que en calidad de mientras se podría contar con dos mil 200. En relación a las segundas, conviene recordar que al cumplirse dos años de dicho evento, se informó que únicamente se habían restaurado 17 de 86 unidades hospitalarias reportadas por la Secretaría de Salud, aunque de acuerdo con el sitio lasillarota.com del 11 de septiembre de 2019, que por la Ley de Transparencia tuvo acceso a información de dicha secretaría, “solo se mencionan en el documento aquellas en las que se ejecutaron obras con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), por lo que en total la cifra de clínicas y hospitales afectados es mayor.” Y, sí, fueron más, muchas más. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud (eluniversal.com del 19 de septiembre de 2018), resultaron afectadas casi 950 unidades médicas (estatales y federales) en nueve estados del país. ¿Qué ha pasado? ¿Se van a restaurar? ¿Se van a demoler? Vaya usted a saber, amigo lector.
