El Servicio de Administración Tributaria (SAT) apretó contra deudores y evasores.
Ayer embargó la sede de la Fundación Miguel Alemán, debido a la insolvencia de Interjet, empresa aérea propiedad de Miguel Alemán Magnani.
A la vez, denunció ante la FGR a los hermanos Zaga por un presunto fraude al fisco de mil 82 millones de pesos y por emitir facturas falsas, tipificado como delito de crimen organizado.
Miguel Alemán Magnani es parte del consejo asesor empresarial del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El edificio sede de la Fundación es propiedad de Alemán Velasco, responsable solidario de Interjet.
Los sellos de embargo con número 11_00020 colocados en la propiedad, ubicada en Rubén Darío Número 187 de Polanco, hacen referencia al Artículo 153 del Código Fiscal Federal que señala que los bienes se podrán dejar bajo la guarda de depositarios que ordenen los jefes del SAT.
Indebidamente fueron colocadas encima de los sellos de embargo cartulinas que aludían que el lugar estaba cerrado por la emergencia de Covid-19.
En febrero pasado, Interjet se había desistido de una demanda de amparo promovida en julio de 2019 contra el SAT, que embargó sus bienes por adeudos de casi 550 millones de pesos.
Según Interjet, el nuevo embargo de hace unos días era parte del proceso de finiquito que requiere de una garantía para el pago del adeudo.
Hace un mes arrendadoras decomisaron 27 aviones que usaba la aerolínea debido a la insolvencia para pagar la renta de las aeronaves.
En otro caso, el SAT acusó a empresas de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, involucrados en el supuesto fraude de más de 5 mil millones de pesos contra el Infonavit, como emisoras de facturas falsas.
Además, denunció ante la FGR, a los hermanos por un presunto fraude al fisco de más de mil 82 millones de pesos, el segundo caso más cuantioso presentado ante la autoridad ministerial en los últimos 25 años.
Ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había conformado un equipo de abogados «incorruptibles» para dar seguimiento a las denuncias que se presenten contra empresas deudoras.
Además, amagó con demandar ante la Corte a los jueces que «metan en el cajón» las denuncias por más tiempo del debido.
