Los gobiernos de todas partes están invirtiendo dinero en sus economías para amortiguar el golpe de la pandemia de coronavirus. El presidente de México está casi solo en contra de esa tendencia.
Andrés Manuel López Obrador fue elegido con el compromiso de luchar contra la desigualdad y la corrupción. Insiste en que los rescates del pasado empeoraron esos problemas, ya que los políticos mexicanos acumularon deuda pública para atender a sus ‘amigos’.
Esa es una de las razones por las que López Obrador ha tenido presupuestos ajustados desde que asumió el cargo en 2018.
A medida que el virus SARS-CoV-2 se propagó por México en marzo y principios de abril, lo que provocó el cierre de la mayor parte de la economía, los líderes empresariales esperaban que cediera. En su lugar, vieron como el mandatario se apegaba aún más a su programa de austeridad.
«Todos los países poyan a sus sectores privados, sus industrias. No aquí en México. Nos han ignorado», dijo Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
El presupuesto diseñado por el avance de la pandemia del COVID-19 hasta ahora parece ser el más pequeño de América Latina, según los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las medidas totales anunciadas a partir de la semana pasada equivalen a alrededor de 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, puntualizó S&P en un informe.
La limitada respuesta del Gobierno significa que «llevará más tiempo reparar el daño causado» a los empleos y la inversión, consideró el analista de S&P, Elijah Oliveros-Rosen, la semana pasada. Añadió que sus pares latinoamericanos, como Chile y Perú, que han anunciado medidas por valor de 7 y 12 por ciento del PIB, respectivamente, disfrutarán de recuperaciones más fuertes.
López Obrador cuando prometió más efectivo para programas sociales, buscó recortes en otros lugares, incluidos los salarios de los funcionarios públicos.
Una y otra vez, el presidente ha invocado la crisis de deuda que México vivió en la década de los ochenta, y el colapso de la moneda y el rescate bancario de la década siguiente, como ejemplos de las ‘trampas’ que está decidido a evitar. Algunos analistas apuntan que su fijación con esos episodios le impide comprender la amenaza actual.
Si bien los efectos de la pandemia del COVID-19 están en todas partes, el mayor golpe no recae en las instituciones financieras, sino en las pequeñas empresas y en millones de trabajadores mexicanos que corren el riesgo de perder sus empleos.
«No estamos en una crisis financiera, no estamos en una crisis cambiaria. Estamos en una crisis económica y de salud. Es una situación diferente. Nuestras opiniones sobre el pasado no deberían empañar nuestra capacidad de comprender esta crisis”, remarcó Santiago Levy, quien fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la década pasada.
Cambiando el modelo
Cerca de 350 mil mexicanos fueron despedidos entre mediados de marzo y principios de abril, y eso fue solo en el sector formal, donde las pérdidas podrían superar fácilmente el millón, según Cervantes. Más de la mitad de la fuerza laboral del país se encuentra en la economía informal de los comerciantes ambulantes y las empresas no registradas.
Los empleadores buscan el tipo de asistencia, como aplazamientos de pago de impuestos y cuotas de seguridad social, que las empresas están recibiendo en otros países. En cambio, López Obrador ha exigido que las grandes empresas paguen miles de millones de pesos en deudas tributarias.
El presidente ganó las elecciones hace dos años, arrasando con los partidos políticos establecidos y prometiendo gobernar en interés de los pobres de México. La epidemia parece haber profundizado su celo por transformar el país.
«Creemos que es hora de cambiar el modelo», declaró a periodistas esta semana. Sobre el rescate bancario de la década de los noventa, dijo que «convirtió las deudas de unos pocos en deuda pública, que todavía estamos pagando».
Normalmente, se espera que los inversores den la bienvenida a una administración comprometida con presupuestos ajustados, pero el peso se hundió en marzo y se cotiza cerca de un mínimo histórico. Las compañías de calificación crediticia han rebajado la calificación de México ante la perspectiva de una recesión severa, así como la caída de los precios del petróleo.
Muchos expertos dicen que la inacción fiscal se suma a los riesgos para la economía. Eso podría exponer a López Obrador, quien aún obtiene altas calificaciones en las encuestas, a una reacción política, según Viri Ríos, analista política .
«Si continúa por este camino, sus acciones pueden conducir al empoderamiento de la oposición y al debilitamiento de su propio partido», advirtió.
¿Habrá un rescate más adelante?
Algunos de los aliados de López Obrador están insinuando que es hora de un mayor esfuerzo para concretar un rescate, incluso a costa de préstamos adicionales. Gerardo Esquivel, asesor de campaña del presidente quien fue nombrado después como subgobernador del Banco de México, dijo la semana pasada que el Gobierno necesitaba gastar alrededor de 1 por ciento más del PIB para ayudar a los desempleados.
Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, tiene sus propios malos recuerdos de la crisis bancaria de mediados de la década de los noventa, cuando dirigió un grupo de deudores rurales. Él dice que López Obrador «ha estado haciendo todo lo posible para evitar endeudar al país», pero predice que el presidente responderá a la necesidad de más gastos.
«El dinero no será arrojado a la basura, no será desperdiciado ni robado por funcionarios o empresarios. Esta vez, va a estar bien invertido», enfatizó.
La semana pasada hubo indicios de que López Obrador está listo para ‘aflojar’ su postura: prometió más préstamos por 25 mil pesos para pequeñas empresas. Aún así, Oscar González, dueño de un negocio de pintura en aerosol en Monterrey, comentó que López Obrador está más interesado en obtener ‘puntos políticos’ atacando a los empresarios que en comprender la crisis en la que se están inmersos.
González perdió cerca de la mitad de sus pedidos el mes pasado cuando cerraron la industria automotriz. Ha enviado a casa a 250 de sus 650 trabajadores, ya que mantiene cierta producción relacionada con industrias esenciales. Todavía no ha despedido a ninguno de sus empleados, pero no está seguro de cuánto tiempo más puede continuar sin la ayuda del Gobierno.
Y no está seguro si ese apoyo llegará bajo López Obrador.
«Se está aprovechando de la situación para dividirnos en lugar de unirnos como país. Su realidad es muy diferente de la realidad que enfrentan las empresas», criticó.
