A partir de este 1 de mayo y hasta el 31 de julio próximo, 1.6 millones de servidores públicos del Gobierno federal deberán presentar su declaración patrimonial y de intereses.
De ese total, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP), alrededor de un millón 250 mil funcionarios lo harán por primera vez debido que este año dicha declaración es obligatoria para toda la burocracia y no sólo para los puestos de mayor nivel.
Debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, que tiene a la mayoría de los servidores públicos realizando trabajo desde sus casas, las declaraciones se realizarán vía remota a través del sistema Declaranet y, en algunos casos, de manera telefónica.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que durante mayo los servidores públicos deben de realizar la actualización anual de su evolución patrimonial, sin embargo, debido a la contingencia, la SFP determinó ampliar a tres meses el periodo para cumplir con esa obligación.
Las declaraciones se harán con los nuevos formatos que fueron aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción y que son más exhaustivos que los que usaba el Gobierno federal.
De acuerdo con la ley, la información patrimonial tendrá un carácter público, por lo que ya no quedará sujeta a la voluntad de cada servidor público de abrir o no estos datos al escrutinio.
A través de un comunicado, Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública, hizo un llamado a los servidores públicos para que cumplan con su declaración y a los secretarios de Estado para que la presenten durante mayo, a fin de que sirvan de ejemplo para sus colaboradores.
«Sabemos que nuestra obligación y compromiso con los ciudadanos es construir un Gobierno honesto, transparente y profesional», apuntó.
