Como respuesta al acuerdo presentado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que niega la entrada de nuevas centrales de energía renovable, las empresas afectadas interpondrán amparos para detenerlo, expuso Julio Valle, director adjunto de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).
El directivo explicó que nuevamente se tomó una medida para modificar el funcionamiento del mercado sin consultar a todos los participantes del mismo y sin realizar los procesos legales debidos, lo que generará un daño directo a por lo menos 20 nuevas centrales.
«Es una medida más de eliminar la competencia, de favorecer a un solo participante de mercado y de perjudicar las tecnologías limpias, pero usando de pretexto el tema del coronavirus sin ninguna razón técnica, jurídica ni sanitaria que esté alineada al acuerdo», aseguró Valle.
Aunque no definió aún el número de amparos que puedan presentarse por parte de las empresas, dijo que se realizarán diversas acciones con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y con las cortes en México para tratar los puntos que están en discusión.
Al cuestionarlo sobre el impacto económico y en la capacidad instalada, explicó que aún se definen los números con la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), pero estimó que será un fuerte golpe para el sector.
«Serán al menos unos 20 proyectos afectados que están ahorita en etapa de construcción y pruebas y que claramente serán afectados por la cancelación de licencias que está anunciando el Cenace. Varios proyectos ya estaban listos y en pruebas preoperativas que ahora retrasan indefinidamente los tiempos para que entren en operación», comentó Julio Valle.
Respecto a los motivos que se exponen para aplicar la suspensión de renovables, sostuvo que realmente no son derivados por el tipo de tecnologías, sino por la falta de inversión histórica que se ha tenido en las redes de transmisión del País.
«Nuevamente es un ambiente de incertidumbre, y no solo para los generadores, también para los suministradores e incluso para la industria, como lo expusieron los comunicados del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Concamin.
«Responde al pliego petitorio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que busca una posición artificial en el mercado y a través de vías administrativas por las que toman las leyes y el marco legal vigente», dijo Valle.
