Ángel Junquera, abogado de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California, defendió la legalidad de la reforma constitucional estatal que prolongaría el periodo del Gobernador Jaime Bonilla a cinco años.
«La reforma que hoy se debate fue una reforma del Congreso del Estado, no fue una reforma del Poder Ejecutivo, debe defenderse la decisión del Congreso que no es una decisión del Gobernador», expuso.
«La emisión del decreto se hizo dentro de lo que nosotros los abogados llamamos libertad configurativa del legislador que tiene el Congreso. Mientras no sea un periodo de más de seis años, se está respetando el mandato constitucional y se está respetando la legalidad».
El asesor jurídico explicó que la reforma tuvo como objetivo que en Baja California se homologaran las elecciones con los comicios federales de 2024, en donde se renovará la Presidencia de la República, y no se tuvieran elecciones en 2021.
«Se reguló una situación hacia el futuro. El actual Gobernador no había tomado protesta del cargo (cuando se promulgó la reforma)», señaló.
«El registro se hizo para cinco años; la constancia se hizo para cinco años y se le otorgó la calificación de la elección por cinco años».
Sobre la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 29 de mayo por la que se validó el registro para un periodo de dos años y no de cinco, antes de que los ciudadanos de BC participaran en la jornada del 2 de junio, Junquera dijo que esto no fue así.
«Si no hubieran querido que la elección fuera por esos cinco años debieron haber llevado otro proceso que hoy no se debate, en donde debieron haber publicado en la Gaceta Oficial del Estado que se cancelaba la elección y debieron haber convocado a una nueva elección», contestó.
La reforma para ampliar de dos a cinco años el mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, es un «fraude a la ley» que viola los principios de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección y derecho al voto.
Lo anterior lo afirmó el Ministro Fernando Franco en un proyecto que la Suprema Corte discutirá la próxima semana y que propone anular los cambios a un artículo transitorio de la Constitución estatal por el que Bonilla gobernaría hasta octubre de 2024, no obstante haber sido electo para el periodo 2019-2021.
