El número de pobres por ingreso podría aumentar debido a la crisis sanitaria por la que atraviesa el País, advirtió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En el documento «La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México», el organismo simuló dos posibles escenarios: uno en el que la caída generalizada del ingreso es del 5 por ciento, y otro con una reducción del ingreso más pronunciada para los hogares en pobreza urbana.
En ambos escenarios, sostuvo, el total de personas en situación de pobreza por ingreso, es decir, aquellas a las que no les alcanza para adquirir una canasta alimentaria, bienes y servicios básicos, se incrementa entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, lo que equivale a entre 8.9 y 9.8 millones de personas.
Esto significa que el porcentaje de pobres por ingreso en México podría pasar de 48.8 por ciento en 2018 a 56 por ciento este año en el mejor de los escenarios, y a 56.7 por ciento en el peor de ellos.
Respecto a la pobreza extrema por ingreso, el organismo estimó un aumento de entre 4.9 y 8.5 por ciento, es decir, entre 6.1 y 10.7 millones de personas.
Así, la población en esta condición pasaría de 16.8 por ciento en 2018 a 21.7 por ciento en 2020 de acuerdo con el primer escenario, y a 25.3 por ciento según el segundo.
De acuerdo con el Coneval, los efectos de la crisis sanitaria podrían revertir los avances alcanzados en la última década en los indicadores de desarrollo social.
El organismo prevé un aumento en la tasa de desempleo de entre 3.3 y 5.3 por ciento en 2020, así como un incremento de entre 37.3 y 45.8 por ciento en la pobreza laboral en los primeros dos trimestres del año, lo que representará la cifra más alta de ese indicador desde 2005.
«La crisis podría provocar que la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable, tenga afectaciones que los lleve a encontrarse en alguna de estas condiciones».
La pérdida de empleos, sostuvo, traerá como consecuencia no sólo la disminución en los ingresos de los hogares, sino la pérdida de las prestaciones laborales que el empleo formal brinda. Además, subrayó que sin políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio, la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso podría aumentar.
Ante ello, planteó que además de los apoyos dados a conocer por el Gobierno federal para microempresas del sector formal e informal, son necesarios apoyos a la pequeña y mediana empresa, a través de créditos para proteger el empleo y de subsidios al empleo parcial o total de las cuotas obrero-patronales que los empleados deben asumir durante los meses de confinamiento.
Con estas medidas, sostiene, se apoyaría a 43.8 por ciento de la población ocupada.
Asimismo, propuso extender los periodos de vencimiento de los créditos otorgados a través del programa Microcréditos para el Bienestar, financiar temporalmente el consumo privado y analizar la pertinencia del apoyo de la estrategia «Mes Trece» del programa Jóvenes Construyendo el Futuro e incentivar el empleo temporal, lo que permitiría apoyar al 52 por ciento de la población ocupada.
El organismo también consideró necesarias medidas coordinadas de los tres ordenes de Gobierno para atender las necesidades básicas de los hogares vulnerables y consolidar la protección social a través de una pensión universal mínima de retiro e invalidez financiada con impuestos generales.
Además, destacó la necesidad de garantizar la operación de programas como Liconsa y Diconsa, impulsar la producción agropecuaria a través del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y dar seguimiento al comportamiento del mercado para detectar a tiempo alzas injustificadas.
En materia de salud, llamó a fortalecer los servicios estatales y municipales mediante la dispersión de recursos, aumentar la disponibilidad de camas para hospitalización, agilizar la contratación de profesionales y difundir y reforzar las acciones para mitigar los efectos negativos en la salud mental de la población y la atención a mujeres víctimas de violencia de género y sexual.
Respecto a la educación, expuso que los sistemas a distancia pueden incrementar la brecha educativa, ya que contempla habilidades y herramienta que ponen en desventaja a quienes forman parte de los hogares más pobres, por lo que recomendó implementar mecanismos de regularización al término de la emergencia sanitaria para homologar los conocimientos adquiridos por los alumnos.
«Enfrentar la crisis de manera reactiva y emergente no será suficiente, es necesario reducir las brechas existentes, identificar prioridades nacionales de información, investigación y formación de capital humano e iniciar una urgente reflexión pública sobre la necesidad de promover la inclusión y la construcción de un sistema universal de protección social», advirtió.
