La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por el acuerdo por el que se permitirá que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria y en apoyo a ciertas funciones en la Guardia Nacional.
A través de un comunicado, la ONU-DH apuntó que la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad en México “debe ajustarse a criterios de estricta excepcionalidad y ser el último recurso, asegurando el carácter civil de las corporaciones de seguridad”.
Lo anterior debido a que la estrategia de seguridad instaurada desde 2006 en el país ha evidenciado su disfuncionalidad para reducir la violencia e impulsado las violaciones de derechos humanos, señala el organismo.
El acuerdo publicado el pasado 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “no tiene información ni disposiciones que permitan evaluar su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en la materia”, apunta el organismo.
Además señala que las funciones de las Fuerzas Armadas no deberían extenderse a las de las instituciones policiales, pues afecta su naturaleza civil y puede trastocar el debido proceso, señala la ONU-DH.
La organización por los derechos humanos lamentó además que la actuación del ejército en las tareas de seguridad pública no será vigilada por un ente externo, sino por el órgano interno de control de la dependencia de la Fuerza Armada que corresponda.
Esto, señala la ONU-DH, “resulta insuficiente para garantizar una supervisión efectiva”, además de contradecir los elementos de control civil de la seguridad pública establecidos en la reforma que creó la Guardia Nacional y faltar a “los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir el actuar de todas las corporaciones de seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas”.
“Por lo anterior, la ONU-DH hace un respetuoso llamado para que se lleve a cabo una revisión del Acuerdo (…) con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad de la población”, así como fortalecer las instituciones civiles de seguridad pública en México y diseñar “una ruta de salida que materialice el retiro gradual, ordenado, verificable y con plazos definidos de las Fuerzas Armadas de tareas que no les son propias”, señala en un comunicado.
El pasado 11 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que ordena que las Fuerzas Armadas se ocupen de las tareas de seguridad pública, en conjunto con la Guardia Nacional, de manera extraordinaria hasta 2024.
El documento del DOF, asegura que la participación del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea debe presentarse en casos extraordinarios de manera ” regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional, en términos del mandato constitucional”.
Aclara que esto ocurrirá “durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”.
Este decreto entrará en vigor el 12 de mayo del 2020 y se establece que debe concluir el 27 de marzo del 2024, meses antes del fin del sexenio de López Obrador.
