El gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa, tomó control de los colegios privados de todos los niveles en la entidad, luego de que el Congreso estatal aprobara la nueva Ley de Educación.
Esta nueva legislación, por la cual los inmuebles de estas instituciones tendrán que incorporarse al Sistema Educativo Estatal, contempla sanciones de hasta 440 mil pesos por actos como la retención de documentos y el rehusarse a brindar educación.
La norma, aprobada el pasado 15 de mayo por la mayoría de los diputados de la coalición “Juntos Haremos Historia”, ha generado rechazo por parte de instituciones y partidos políticos.
El rector de la Universidad Anáhuac de Puebla, José Mata Temoltzin, dijo que el Consorcio Universitario y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior ya están analizando las acciones a tomar.
Por su parte, el rector de la Universidad de las Américas de Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista, dijo que esta nueva ley, que tiene un “espíritu intervencionista”, representa un ataque a los colegios privados.
Los legisladores del Partido de Acción Nacional (PAN), así como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunciaron que llevarán la impugnación a la ley a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Barbosa defiende ley
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afirmó que “el concepto de que los bienes e inmuebles de las escuelas públicas y privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional está previsto en el artículo 99 de la Ley General de Educación”.
En un mensaje compartido en redes sociales, Barbosa dijo que esta misma previsión, por obligación, “quedó establecida en la Ley de Educación Estatal en su artículo 105”.
También señaló que su alcance “nada tiene que ver con apropiarse de dichos bienes muebles e inmuebles, sino de que los mismos sirvan para los fines educativos a que son destinados”.
