Por: Ricardo Alberto Calleja
|No es noticia nueva la tragedia ambiental sobre la que sobreviven los miles de habitantes de Tula de Allende y de comunidades aledañas; el problema de la contaminación acumula ya muchos años y no ha habido, en los hechos, acciones gubernamentales para resolverlo, sino todo lo contrario, se minimiza. No hay tampoco acciones del gobierno estatal para tratar de terminar con esta tragedia. Según el titular de la Semarnath, Benjamín Rico, la zona de Tula genera el 35.5 por ciento de la contaminación de toda la entidad, sin embargo, intenta esconder la responsabilidad del gobierno del que es parte al decir que, de este porcentaje “el 99 por ciento es generado por actividades […] que regula el gobierno federal” (El Independiente de Hidalgo, 18 de septiembre de 2019).
Pero no es todo, el secretario se contradice en los hechos. En la misma nota de El Independiente de Hidalgo, dice: “se está proponiendo con la ayuda de los legisladores la modificación a la ley general de protección al ambiente para que el Ejecutivo estatal pueda opinar en los permisos que son otorgados”, sin embargo, estimado lector, debe saber que, mientras el secretario dice que el gobierno estatal busca “opinar en los permisos”, la misma dependencia estatal, fue requerida no hace mucho, para opinar precisamente sobre la intención de la minera Autlán, de abrir 22 nuevos frentes en siete municipios de la sierra. En Hidalgo, esta empresa ha estado haciendo descargas en el Río Claro, ubicado en la Sierra y que de acuerdo con testimonios de pobladores de Zacuala, ejido Coyoles y Chiconcoac, la extracción de manganeso ha impactado negativamente en al menos 10 poblados ubicados en Molango, Tlanchinol y Tepehuacán de Guerrero. «Autlán es propiedad de José Antonio Rivero Larrea, primo de Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, que en 2014 derramó sulfato de cobre al Río Sonora y el pasado 11 de julio descargó 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés» (La Silla Rota Hidalgo, 2 de octubre de 2019).
Resulta que esta empresa quería extraer manganeso en 7 mil nuevas hectáreas y, sin mayor problema, la Semarnath dijo que sí –a pesar de que esto traería consigo más contaminación y afectación a la población-, según el oficio SGPA/DGIRA/DG/07650 de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de Semarnat. No es broma, a esto se reduce la acción del gobierno estatal, a buscar opinar sobre permisos y proyectos, pero, cuando ha tenido la oportunidad –como en el caso Autlán-, han dicho sí.
Hace unos días, el periódico Reforma, en su edición del 21 de mayo de 2020, publicó la nota “Ni autos ni empresas…y sigue el aire sucio” donde se informaba que las concentraciones de dióxido de azufre continúan elevadas debido a la quema de combustóleo en la Termoeléctrica de Tula y esto, a pesar de que la pandemia obligó a disminuir la movilidad de autos.
La Central Termoeléctrica de Tula “Francisco Pérez Ríos” utiliza combustóleo al 80%, un residuo de la actividad de refinación de petróleo, que, a su vez, contiene 4% de azufre, violando la normatividad oficial NOM 016 CRE. Pablo Ramírez, de Greenpeace, asegura que los límites de la Norma Oficial mexicana están, actualmente, muy alejados de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y remata que “las emisiones del complejo de Tula son verdaderamente peligrosas para las comunidades aledañas […] y si apostamos por el combustóleo como un combustible alto en azufre habrá implicaciones para la salud”. La situación no ha dejado de ser grave, pero tal parece que a la Cuarta Transformación no le interesa la salud de los mexicanos, al menos eso deja ver las recientes políticas que pretende implementar el gobierno federal, de bloquear las energías renovables y aumentar el uso del combustóleo en las centrales termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Solo para dejar de referencia el grave daño que el uso de combustóleo provoca a la salud; según estudios del IPN y la UNAM, el uso de combustóleo en la termoeléctrica de Tula provoca la muerte prematura de 14 mil personas cada año.
Los habitantes de Tula deben saber que el gobierno actual no se preocupa por su salud en el terreno de los hechos, así lo demuestra su intención de aumentar el uso del combustóleo, hecho, que, sin duda, hará que los hidalguenses y todos los mexicanos lo paguen con el deterioro de su salud.
Hambre en Hidalgo
Y a quienes no les preocupa la situación de la escasez de alimentos es al gobierno estatal, quien se sigue negando a la solicitud del Movimiento Antorchista de implementar un programa alimentario que beneficie a todos los que lo necesiten. Ahora que el gobernador Omar Fayad anunció que Hidalgo estará en cuarentena durante todo junio, urge que se ayude realmente a la población que a través de cartulinas han dicho que «el coronavirus mata, pero el hambre también».
