El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió a liderazgos del partido que procederán civil o penalmente contra la secretaría general, Yeidckol Polevnsky, y las empresas a las que pagó 395 millones de pesos por servicios inexistentes.
En un audio de la conversación que mantuvo el líder morenista con dirigentes estatales, se plantea la necesidad de proceder civil o penalmente para evitar un daño a las cuentas de Morena.
«Consideramos que sería muy bueno que los especialistas en materia civil o penal nos hicieran el favor de poder revisarlos (los documentos que tienen) para que hagan una valoración y el partido no salga perjudicado. Es un dinero que se pagó», aseguró durante una reunión virtual con los dirigentes.
«No se sabe qué obras ampara, no se sabe lo qué se hizo, qué material se compró, la calidad del material, los tiempos para llevar a cabo las obras, porque no se sabe qué obras ni dónde se van a realizar éstas, entonces son contratos que solamente firma la secretaria general, y no conocemos la firma de la parte obligada ni del Secretario de Finanzas».
REFORMA publicó la semana pasada las anomalías registradas en las cuentas del partido, durante el tiempo en que Polevnsky tomó las riendas como dirigente de Morena.
En diciembre pasado, la dirigente morenista pagó por adelantado 395 millones de pesos a dos empresas del Grupo EBOR, cuyo dueño es Enrique Borbolla García, quien es su amigo. Además, este personaje le propuso los inmuebles que el partido debería adquirir.
Sin tener ningún edificio comprado en ese momento, a Inmobiliaria Moscati de Querétaro SA de CV se le pagaron por anticipado 312 millones 445 mil pesos, y a Estrada Miranda Proyecto y Construcción SA de CV 82 millones 555 mil pesos.
En el audio en cuestión, Ramírez Cuéllar argumentó que la decisión de emprender acciones en contra de Polevnsky se han analizado desde tiempo atrás, pero le dieron la oportunidad de comparecer, aunque desoyó cinco notificaciones.
«Desde hace tiempo lo estamos analizando, se le pidió que comparezca, pero aquí en el partido fue difícil, les dijimos que fuera presencial, virtual, o que nos mandaran la información con un propio, y solamente compareció el secretario de Finanzas. Ella solamente nos ha entregado un informe político-electoral de las elecciones 2018 y una lista de inmuebles con montos y algunos casos con escrituras.
«Los abogados penalistas y civilistas los esperamos en la oficina para que revisen lo que tenemos de los contratos, facturas pagadas, los datos de las empresas, para que nos digan alguna recomendación», explicó en el encuentro llevado a cabo el miércoles pasado.
Esos especialistas forman parte del grupo técnico que conformó el CEN para determinar cómo procederán contra la Secretaria General y los funcionarios involucrados en la compra de inmuebles y pago de obras y servicios.
En esa reunión virtual, Ramírez Cuéllar expuso que durante su competencia, el secretario de Finanzas, Joel Ramírez, les informó que todo lo que él realizó fue por instrucciones de la secretaria general.
REFORMA publicó además que, mientras se determina la situación legal de Polevnsky, se denunciará a las empresas Moscati y Estrada, debido a que los contratos están por finalizar, y confían en que les regresen el dinero pagado.
Sin embargo, las cláusulas del contrato establecen que éstas entregarían los inmuebles con obras y equipados en un plazo de 180 días, contados a partir de que el CEN entregará el edificio a trabajar.
También advierten una penalización del 20 por ciento si la compañía no cumple o si la dirigencia nacional no señalaba los inmuebles a remodelar.
En el encuentro, el diputado con licencia detalló que existen cuatro inmuebles que aún se deben, y aclaró que los empresarios están detrás de él, pero se les pagará en el momento que se aclare toda la situación.
Entre ellos está el de Chihuahua 216, donde antes era la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador, y actualmente la usa Ramírez Cuéllar como oficina. Éste costó 42 millones de pesos. Así como el de Hamburgo, que es el más costoso, pues fue comprometido por 215 millones de pesos, de los cuales se han pagado 40 millones.
«Ahí no tenemos ningún problema porque inmediatamente que se decida se pagará ese dinero, dos están en la Ciudad de México. Andan detrás de nosotros (a quienes se les compró), y nos han notificado que debemos una cantidad fuerte, pero al menos los inmuebles ahí están, pero en el caso de los contratos (con Grupo EBOR) no tenemos absolutamente nada», advirtió.
Sobre los 26 inmuebles en los que se firmó «una promesa de compra», advirtió que se analizará su costo y situación, para determinar si se pueden adquirir con presupuesto del 2020.
