Por Laura Castillo
El maltrato persistente a un individuo u organización social por parte del poder estatal se conoce, aquí y en todo el mundo, como persecución política. La historia universal da muchos ejemplos -empezando por uno de los más grandes, Jesucristo-, que documentan la persecución de los poderosos en contra de quienes consideran contrarios al poder que detentan.
Generalmente, en las actuales repúblicas democráticas, la sociedad confiere ese poder por medio del voto, y para un determinado lapso de tiempo, a aquellos candidatos que los convencen con sus propuestas o, como sucedió en la elección del 2018 en México, porque ya estaban hartos de proyectos políticos que los engañaron y nunca hicieron nada de lo que prometieron en campaña. No obstante, casi siempre sucede que los que llegan al poder, sean de proyectos políticos antiguos o relativamente nuevos, una vez que se sientan en la silla del poder político -ya sea presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados federales o locales, empiezan a hacer exactamente lo mismo que lo que hicieron aquellos que fueron repudiados por la sociedad.
Es más, su poca vocación de servicio lleva a los que se dijeron comprometidos con el pueblo a no escuchar nada ni a nadie en torno a cómo debe conducirse la política de su país, estado o municipio, y a ser un poquito congruentes. Pero no, ni siquiera para cubrir las apariencias se dignan cumplir un poco de lo que prometieron y, por el contrario, poco a poco caen en el deseo incontrolable de gozar eternamente de ese poder para seguir disfrutando de los privilegios que da el poder. Así, para lograr sus mezquinos propósitos, ese tipo de gobernantes echa mano de toda una serie de acciones ilegales y trampas para que se haga solo su voluntad en cualquiera de los ámbitos de la vida social, económica o política. Así, paradójicamente en una democracia, se convierten en dictadorzuelos, a quienes no se les puede hacer ni la más mínima crítica porque de hacerlo cae toda una catarata de calumnias y embustes en contra de los criticadores.
Fue el caso del Movimiento Antorchista Poblano, al cual el gobernador de esa entidad, Luis Miguel Barbosa Huerta, ordenó negarle el registro para convertirse en partido político a fin de que este no le hiciera sombra electoral en los comicios del 2021. Fueron ampliamente difundidas las ilegales maniobras que realizó el Instituto Electoral del Estado de Puebla para negar un registro a miles de ciudadanos que durante ocho meses cumplieron uno a uno los requisitos solicitados para convertirse en un partido que reescribiera la historia de esa entidad, pero para beneficio de los más humildes y necesitados.
¿Qué errores cometieron esos poblanos para que les negaran el registro para constituirse en partido político estatal? Denunciar que Barbosa Huerta no atendía las demandas de los más desprotegidos de la entidad y que la inseguridad cada día cobraba más víctimas civiles, entre otros graves problemas. Pero el gobernador no se conformó solo con negarles la posibilidad de organizarse para pelear el poder político de la entidad, sino que previamente les lanzó una andanada de calumnias para desacreditar sus esfuerzos por constituirse en partido político.
En los inicios de la pandemia por Covid-19, cuando el gobierno ya había prohibido las movilizaciones masivas, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) emitió su fallo nugatorio para que el Movimiento Antorchista Poblano se convirtiera en partido político, pero el gobernador Miguel Barbosa Huerta siguió trabajando para golpear a sus opositores políticos, ahora pretende echar abajo los derechos electorales que los mexicanos hemos conquistado y construido durante años, como por ejemplo, prohibir la propaganda electoral para debilitar a sus opositores.
Aún más, el que ha sido evaluado como el peor gobernador del país por los nulos resultados que ha presentado en su entidad; o sea, Luis Miguel Barbosa Huerta, pretende encarcelar a una luchadora social, Rosario Sánchez Hernández, quien por años ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de miles de habitantes de la capital poblana. Ahora, con pretextos e ilegalidades que solo el hombre más poderoso de Puebla puede echar a andar, pende sobre ella una orden de aprehensión por denunciar la falta de resultados de Barbosa al frente del gobierno y por solicitar apoyos alimentarios para la gente más pobre de la capital poblana.
Los antorchistas del Estado de México nos solidarizamos con nuestros compañeros poblanos víctimas del dictadorzuelo Luis Miguel Barbosa Huerta. Antorcha ya luchó en Querétaro en contra de un gobierno fascista y logró acabar con la represión y derrotar al gobernador de entonces; en Puebla, los antorchistas volvemos a levantarnos a luchar en contra de un gobierno igualmente represor.
