Por Luis Miguel López Alanís
|El estudio “La tribu yaqui: sus usos y costumbres en la educación”, de la autoría de la Doctora Vannia Domínguez, publicado en 2018 por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C, es concluyente respecto a la situación real que tiene este grupo humano, misma que ha empeorado con la crisis económica de 2020 y la de salud del Covid-19. Los yaquis suman en total 32 mil personas, y del estudio sacamos estos datos: los caracteriza una escasa y mala alimentación, mala salud, la falta de empleo, la carencia de satisfactores de necesidades básicas como agua potable, energía eléctrica, transporte, pavimentación, alta deserción escolar, escasas instalaciones educativas y de salud; su nivel de pobreza es elevado. Son dueños de más de 400 mil hectáreas, pero de esta cantidad, sólo 18 mil están en condiciones para siembra y de éstas, 17 mil hectáreas son rentadas a los ricos productores del Valle del Yaqui, debido a que la etnia nunca ha contado con maquinaria ni recursos monetarios para sembrar sus tierras. Cada familia (entre 5 y 8 miembros) es dueña de diez hectáreas en promedio, la renta que reciben por hectárea oscila entre los tres y cuatro mil pesos, pago que se recibe al término de cada cosecha, o bien, dos veces al año (entre 250 y 265 pesos para cada yaqui por año por renta de su tierra). Además, terminan trabajando como jornaleros en su propiedad. Ni la remuneración que reciben por la renta de sus tierras ni el jornal son suficientes para mantenerse el resto del año, de aquí se desprende la situación que orilla a tener bajo provecho educativo. Hasta aquí los datos de la UNAM.
Nosotros agregamos que los que viven en barrios de Hermosillo, como el Coloso, La Matanza, Metalera, El Mariachi, El Ranchito y otras colonias, sufren eternamente de pobreza y, por estrategia de los gobiernos, incluido el actual de Morena, no se les han regularizado nunca los lotes que habitan. Nosotros lo sabemos bien porque muchas familias yaquis de estos barrios son antorchistas y tenemos dos años luchando por su regularización. Para nosotros es claro que entre las razones de la negativa sí hay una estrategia de Estado, cuyo objetivo es mantener a los yaquis en la zozobra económica mediante la inseguridad jurídica de sus escasas posesiones, igual que sucede con muchos grupos humanos sumidos en la pobreza. En estos gobiernos de la 4T no ha habido voluntad política para solucionar este añejo problema.
Ahora que viene AMLO a Sonora urge recordar todo esto, no para echar sal a la herida social, sino para entender la medida real de las soluciones que darán a los problemas. Por lo pronto, algo podemos prever con base en lo que ya hizo la 4T:
Los primero es que a los municipios donde habita la etnia yaqui, en el último presupuesto de egresos de la federación (PEF 2020), se les recortaron, como consecuencia de los tijeretazos ordenados por el Presidente de la República, los presupuestos para construir obra por parte de los propios ayuntamientos, los gastos para seguridad, para clínicas rurales y centros de salud, para pago de más médicos generales (el sueño de tener los 15 médicos especialistas por cada 5 mil habitantes recomendado por la OMS es cada vez más lejano para los yaquis, siquiera de pensarlo), para construir más escuelas, los programas de empleo temporal, las ayudas para mejoramiento de la vivienda.
Pero no sólo esos golpes le ha dado el Gobierno de la 4T a los grupos indígenas de Sonora. Una puñalada mortal asestaron el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y los diputados federales de la 4T (Morena, PT, PVEM) a las aspiraciones de los pueblos indígenas al desarrollo, con el brutal recorte al presupuesto indígena: en los últimos 20 años, los pueblos indígenas no habían sufrido un agravio financiero de esta naturaleza… se trata de una regresión histórica que equivale a una terrible afrenta del Presidente hacia los pueblos originarios.
En el mencionado Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PEF), hubo un recorte al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), aprobado por el Congreso de la Unión el 28 de noviembre, y que el presidente AMLO presume como parte esencial de su administración. La reducción para el Programa de Derechos Indígenas para 2020 fue por 106 millones 654 mil 976 pesos, es decir, 34.8% menos recursos con respecto al Paquete Económico 2019. El presupuesto del INPI del 2019, fue de poco más de cinco mil 996 millones de pesos y ahora presenta un recorte de 40.6%, quedando según la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en tres mil 562 millones 717 mil 700 de pesos. En el año 2015, la entonces CDI, hoy INPI, obtuvo su presupuesto máximo histórico por la cantidad de 12 mil 129 millones de pesos, pero con el recorte presupuestal se verá una reducción ¡de 70.6%! Además, hace apenas unas semanas el INPI también fue víctima del recorte ordenado por AMLO del 75% del “gasto corriente”. Si de por sí no tenían ni para gasolina los funcionarios dedicados a ir a los pueblos indígenas, pues ahora imagínese el lector con “la austeridad” criminal de AMLO… No hay vuelta de hoja, cuando las comisiones indígenas acuden a solicitar ayuda, los funcionarios sólo recetan cucharadas de austeridad republicana: eso sucede en Sonora con yaquis, mayos y seris lo mismo que con mayas, huastecos o purépechas en todo México. Esa es la verdadera 4T de AMLO, Morena, el supuesto Partido del Trabajo (PT) y todos sus diputados federales y locales que están para obedecer al aprendiz de dictador. Este es, pues, más allá de la demagogia, el verdadero trato que AMLO y los suyos han dado a los yaquis.
López Obrador ha despojado de recursos a los programas sociales, entre ellos los destinados a los indígenas, que antes algo ayudaban a los más humildes y usa los mismos dineros para regalarle de a poquito a algunos mexicanos —que quede claro, no a todos, sino a los que escogen los “siervos de la nación”, que como ha sido probado trabajan en realidad para Morena—. Antes que garantizar el derecho de las sociedades originarias al desarrollo, AMLO ha optado por usar los recursos de la nación para pagar su campaña electoral por adelantado y con ello pretende comprar la voluntad de los más débiles políticamente. ¿La alternativa? Que AMLO dé marcha atrás a todas estas agresiones a los grupos indígenas y a todos los humildes de México. Pero no lo va a hacer.
El desarrollo de los pueblos indígenas de México es un problema de todos. El mismo odio con que se trata a los yaquis, lo hemos visto en diferentes momentos, en diferentes geografías, con todos los pueblos indígenas de México y del continente americano. Ese odio nos daña como país, nos debilita. Es necesaria la unión, la fraternidad y la lucha conjunta y organizada entre todos los pueblos, colonias, barrios y comunidades de nuestro país, independiente de nuestro color de piel. Han logrado desunirnos, han logrado que nos odiemos. ¡Basta!, convocamos a sentarnos juntos y a dialogar entre todos los humildes de esta tierra mexicana, y hoy hay algo que nos obliga a hacerlo: el Estado de Derecho que nos garantizaba una mínima convivencia está siendo destruido y ello nos puede conducir a conflictos más violentos: debemos evitarlos a toda costa. A los pobres hay algo que nos une: nuestra miseria. Y necesitamos hacerlo urgentemente, ahora que los pobres han aumentado en el país en más de 13 millones de personas; entre ellos van los yaquis. La suerte de los humildes de México no podrá mejorarse si no se mejora la de los yaquis, y viceversa; además, el desarrollo de los yaquis trabajadores sólo existirá hasta que ellos gobiernen junto con los pobres de todo México. Esa es la tarea.
