En la última semana de octubre de 2019, los integrantes de la Cámara de Diputados aprobaron las reformas constitucionales para ampliar los delitos de los que puede ser acusado el Presidente de la República, y con ello se estaría cumpliendo una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La iniciativa enviada a la Cámara de Senadores propone modificar los artículos 108° y 11° de la Constitución para que, además de ser acusado por traición a la Patria, el titular del Poder Ejecutivo pueda ser acusado por actos de corrupción y delitos electorales.
Sin embargo, para que el Presidente pueda ser juzgado por estos delitos, debe seguirse el mismo procedimiento legal establecido en el Artículo 110° de la Constitución: que la Cámara de Senadores, “erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado”. Es decir, será muy difícil que AMLO sea sancionado por estos delitos. ¿Por qué lo prevemos? Porque los presidentes de la República nunca han sido tocados y lo más seguro es que el actual mandatario avance y termine su sexenio como si nada hubiera pasado, dejando un país destrozado por la crisis económica y con un aumento sustancial de los mexicanos marginados, en pobreza multidimensional y miseria extrema.
Desde el inicio de la administración morenista comenzó para México un periodo muy complicado; hoy, la crisis sanitaria generada por el Covid-19, cuyas víctimas fatales son ya más de 60 mil, el “escenario catastrófico” que descartara Hugo López-Gatell en los primeros días de la pandemia.
La inseguridad y la violencia delictiva agobian a los mexicanos; hace unos días, el número de los homicidios dolosos alcanzó la cifra de 58 mil 621 en menos de dos años, cifra superior a las de los últimos tres sexenios.
La economía anda por los suelos. En junio pasado, cuando la pandemia del Covid-19 arreciaba, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS en inglés) aseguró que prácticamente todas las acciones que AMLO había implementado originarían la crisis económica más larga de nuestra historia, debido a que eran erróneas e improvisadas. Uno de sus mayores errores fue negar apoyo a las empresas pequeñas y medianas y canastas alimentarias a millones de mexicanos pobres que padecen hambre. Esta insensibilidad podría generar disturbios que se sumarían a las altas tasas de criminalidad.
A lo anterior se agrega la propensión de AMLO y algunos gobernadores morenistas a utilizar el poder político como patrimonio personal. En Puebla, por ejemplo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta viola impunemente la ley y usa a las instituciones de la administración estatal para golpear e intimidar a sus opositores, a las organizaciones sociales y a los ciudadanos que exigen bienestar social para sus comunidades.
Barbosa ha creado un clima político de crispación y la entidad está al borde de un estallido social; desde que el morenista “asaltó” el poder, no ha pasado un solo día sin que declare la guerra a quienes exigen que cumpla sus promesas de campaña.
Iracundo, la ha emprendido contra el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); contra médicos, alcaldes, dirigentes de partidos políticos de oposición y contra las organizaciones sociales y sus líderes. Todo esto le ha costado una caída brutal de su popularidad y a que sea considerado el peor de los gobernadores de México.
Hace unos días, Barbosa Huerta “se voló la barda” al ordenar a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla que persiga a los líderes antorchistas y les congele sus cuentas bancarias, todo ello sin ningún argumento legal. El motivo es transparente, pretende castigar al Movimiento Antorchista Nacional (MAN) por encabezar al menos a medio millón de poblanos que denuncian sus injusticias y arbitrariedades. Barbosa y “su fiscalía” pidieron auxilio a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto para concretar su venganza contra el MAN, sin importarles violar la ley.
Barbosa, Morena y la UIF, solapadas por AMLO, cometen un escandaloso acto de represión política contra una organización que tiene 46 años de existencia, más de tres millones de afiliados en sus filas y que siempre ha realizado sus actividades en el marco de la ley. Este abuso de poder se realiza hoy contra los antorchistas, pero mañana puede ser contra cualquiera que ose criticar a gobiernos demagógicos e ineptos como el actual. Es hora de integrar una fuerza social capaz de poner un alto al abuso de poder. Por el momento, querido lector, es todo.
