Aquí presentamos un recuento de los casos de corrupción emblemáticos ocurridos con algunos funcionarios relacionados a la actual administración federal que han sido acusados de prácticas corruptas y cuyo procesamiento ha generado controversias.
Triangulación de dinero de Conade
Desde que la exatleta Ana Guevara asumió la Dirección General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tres empresas, en complicidad con las federaciones deportivas, son utilizadas para triangular los recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y financiar con sobreprecios los viajes a campamentos y competencias.
En febrero de 2020, una auditoría del Órgano Interno de la Secretaría de la Función Pública reportó el mecanismo mediante el cual un grupo de servidores públicos desvió en 2019 recursos federales del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. La revisión revela que el dinero del fondo fue comprobado con documentación “alterada, apócrifa y carente de validez fiscal” y que los recursos públicos fueron triangulados mediante empresas que facturaron a sobreprecio la realización de eventos deportivos, reveló una investigación de la revista Proceso.
Las casas de Manuel Bartlett
En agosto de 2019, una investigación periodística reveló que desde que dejó el gobierno de Puebla y se convirtió al lopezobradorismo, Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, ha amasado, en familia, una fortuna que no parece corresponder con los ingresos de alguien que ha dedicado su vida a la política. Señalaron que en los últimos 18 años Manuel Bartlett, su pareja, e hijos, han construido un imperio inmobiliario con 23 lujosas casas ubicadas en las zonas más caras del valle de México: Las Lomas, Polanco, Tecamachalco, la colonia Roma y la “milla de oro” en el Paseo de la Reforma.
La SFP investigó el caso y determinó que, de la revisión exhaustiva de sus declaraciones patrimoniales, se concluyó que no tenía la obligación de declarar los bienes inmuebles a los que se hace mención en las distintas denuncias presentadas porque no son de su propiedad.
El exdelegado Carlos Lomelí y sus negocios en el sector salud
En junio de 2019, el (ahora ex) delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños fue señalado de ser el eje detrás de una red de empresas farmacéuticas que venden a gobiernos y que buscaba ser contratista de la administración de Andrés Manuel López Obrador en la mega licitación de medicinas que convocó la oficial mayor de Hacienda y Crédito Público. Además, fue denunciado de ser el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el exfuncionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.
A mediados de julio Lomelí Bolaños, renunció a su cargo y lo anunció él mismo en su cuenta de Twitter. A principios de septiembre, los Laboratorios Solfran y Lomedic, empresas de Carlos Lomelí, fueron inhabilitadas por dos años y seis meses.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó el 15 de julio pasado que tenía siete investigaciones abiertas contra Lomelí y adelantó que existían indicios de que incurrió en conductas irregulares, por lo que podría ser sancionado.
El IMSS compra a empresa sancionada
En abril de 2020 el gobierno federal siguió un inusual procedimiento exprés, de apenas cuatro días, para asignar directamente un contrato por 93 millones de dólares a un proveedor que desde hace 20 años ha sido acusado de fraude, sobornos e incumplimiento. La empresa Levanting Global Servicios presentó una propuesta al IMSS para venderle hasta 3,000 ventiladores pulmonares. Ese mismo día la institución respondió que era viable asignarle el contrato y dos días después, el 30 de marzo, formalizó la adjudicación. La empresa expidió ese día una factura para cobrar 660 millones de pesos de adelanto, pese a que el contrato se formalizó hasta el día siguiente, 31 de marzo. El 8 de abril la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el dueño de esa empresa es Baldemar Pérez Ríos, un empresario guanajuatense residente en Houston que había sido sentenciado por fraude bursátil en Estados Unidos y por falsificación de documentos e incumplimiento de contratos en Pemex y en la CFE. Señaló que Baldemar Pérez fue investigado por la Función Pública por tejer una red de 30 “empresas fantasmas” con las que se hizo de contratos millonarios con Pemex entre los años 2000 y 2010, además de haber sido acusado de sobornar a funcionarios.
Los negocios del hijo de Manuel Bartlett con el IMSS
El 30 de abril del 2020 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebró un contrato con León Manuel Bartlett Díaz, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, para la adquisición de 20 ventiladores para uso en el tratamiento de pacientes con afecciones en sistema respiratorio y en estado crítico. La institución pagaría 1. 5 millones de pesos cada uno, los más caros de cuantos había comprado la Federación hasta el 1 de mayo.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que cuenta con más de siete líneas de investigación abiertas sobre ese asunto y que las diligencias y visitas de verificación e inspección iniciaron desde el 1 de mayo y ya se cuentan con los elementos para los procedimientos de asignación de la sanción correspondiente por presuntas irregularidades.
En tanto el IMSS informó que levantó un acta de rechazo para devolver los 20 ventiladores. Explico que luego de una revisión física, detectó que los ventiladores no contaban con pantalla táctil, es decir no cumplían con los requerimientos funcionales acordados, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicada en mayo de 2020.
La casa de campaña de AMLO
En mayo de 2010 una investigación periodística reveló que la casona de Chihuahua 216, en la colonia Roma de la Ciudad de México, la cual funcionó como casa de campaña y luego del gobierno de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador, es parte de la red de propiedades, empresas e intereses del grupo encabezado por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz. El periodista Carlos Loret de Mora difundió que cuando fue usada por el ahora presidente de la República, esa casa era de Jesús González Torres, un político que ha trabajado dese hace 49 años con Bartlett y que es socio de su hijo León Manuel Bartlett Ávila.
Hermano de titular de la SFP, acusado de proselitismo con progamas sociales
En julio pasado, Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y delegado del gobierno federal en Guerrero, fue señalado de utilizar los programas sociales del gobierno federal, para construir su candidatura a la gubernatura del estado.
En un video que circuló en redes sociales y portales de medios de comunicación se escucha cómo durante un evento de entrega de apoyos a comunidades el orador hace énfasis en que se aprendan el nombre del funcionario.
El propio señalado presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Guerrero para que se investigue el hecho. Posteriormente el diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, denunció ante la Secretaría de la Función Pública que el Sandoval hace uso “reincidente de recursos públicos y programas sociales con fines político-electorales.
El gobierno prefiere las adjudicaciones directas
Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal se establece que las adjudicaciones directas estarían prohibidas durante el sexenio del presidente López Obrador su administración ha abusado de esta forma de comprar. De acuerdo con MCCI, al cierre de julio de 2020, la base de datos de Compranet contiene información sobre 84,372 procedimientos. De estos, 65,156 han sido entregados por vía de la adjudicación directa, equivalentes al 77.2% del total, mientras que la licitación pública ha sido utilizada 10,786 veces, es decir, el 12.8% de las ocasiones.
