En los últimos dos años, México descendió en la lista de los países con más corrupción en el mundo al pasar del lugar 102 al 121 en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP).
En la edición 2020 de este índice, México está ubicado en el lugar 121 de 128 países, mientras que en la correspondiente a 2017-2018 ocupó el lugar 102 de 113; es decir, hace dos años, el 90.3 % de los países evaluados eran menos corruptos que México y ahora son el 94.5%.
El Índice que elabora el WJP mide la prevalencia del Estado de Derecho en los países a partir de la evaluación de ocho factores, entre ellos, el de ausencia de corrupción, en el que México obtuvo este año una calificación de 0.27, en donde uno es una fuerte adhesión al Estado de Derecho y cero una débil adhesión.
En el índice que cubrió los años 2017-2018, la calificación obtenida por el país fue de 0.31; es decir, que en estos últimos dos años se redujo 13%.
En este factor, el índice considera tres formas de corrupción: el pago de sobornos, la influencia indebida por intereses públicos o privados y la apropiación ilegal de fondos públicos u otros recursos.
Estas tres formas de corrupción fueron evaluadas respecto de los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, así como en el Ejército y la Policía.
En el ranking global de Estado de Derecho, que además de la ausencia de corrupción incluye la evaluación de límites al poder gubernamental, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal, México se colocó en el lugar 104 de 128 países.
Cada uno de los factores fue evaluado en particular y de las posiciones que tuvo México, las peores son la de ausencia de corrupción y orden y seguridad, en la que se colocó en lugar 121 de 128, en tanto que la mejor posición la consiguió en Gobierno abierto, al situarse en el lugar 36 de 128.
El índice, que comprende a 128 países, se elabora con base en la información obtenida de la aplicación de 130 mil encuestas en hogares realizadas al público en general y 4 mil a practicantes y especialistas del derecho.
