La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) busca detener al exfuncionario local Jaime Slomianski, quien fue titular de la extinta Agencia de Gestión Urbana (AGU) y es investigado por posibles irregularidades en la contratación de empresas de asesoría.
En un comunicado, la FGJCDMX informó este lunes que el exservidor público y algunos de sus colaboradores encaran órdenes de aprehensión por estos hechos, a los que la institución atribuye “un detrimento económico millonario a la hacienda pública capitalina”.
Slomianski y otras personas son acusadas de contratar a empresas de asesoría para la planeación, la ejecución, la evaluación y el control de obras públicas, a pesar de que la propia AGU tenía recursos para realizar estas actividades y, por ello, no necesitaba recurrir a un tercero.
“La indagatoria integrada por la FGJCDMX señala que para concretar las licitaciones referidas era indispensable contar con la autorización y firma del titular de la extinta agencia, ya que sin ello hubiera sido inviable cualquier tipo de contratación”, señala el comunicado.
La FGJCDMX no detalla a cuánto asciende el daño al erario, aunque el diario El Universal reportó este lunes que es de más de 29 millones de pesos.
En la pasada administración de la capital, a cargo del hoy senador del PRD Miguel Ángel Mancera (2012-2018), la AGU tenía bajo su responsabilidad tareas de mejoramiento urbano como pavimentación, mantenimiento de alumbrado público y jardinería. El gobierno de Claudia Sheinbaum, que inició el 5 de diciembre de 2018, decidió desaparecer esta instancia.
De acuerdo con la FGJCDMX, Slomianski ha promovido solicitudes de amparo con la intención de buscar protegerse de las indagatorias en su contra. La fiscalía también señaló que tiene abiertas más investigaciones por las posibles irregularidades ligadas con este caso.
Slomianski no es el único exfuncionario de la gestión de Mancera que encara una orden de aprehensión.
Durante 2019, se dio a conocer que dos exsecretarios, Edgar Tungüí, quien encabezó la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), y Felipe de Jesús Gutiérrez, de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), eran buscados por posibles desvíos millonarios en el manejo de los recursos para la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.
A la fecha, ambos exfuncionarios locales siguen prófugos.
