Los funcionarios de los órganos reguladores de energía que privilegien a Pemex y CFE, en detrimento de la competencia, van contra el marco legal vigente, lo que podría derivar en responsabilidades de carácter administrativo o civil, aseguraron expertos.
Fernanda Ballesteros, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa, aseguró que la CRE tiene como mandato impulsar la competencia en el sector.
Favorecer injustificadamente a Pemex y CFE para que tengan fuerza en el mercado es ir contra el marco jurídico, expuso.
Señaló la importancia de que haya consecuencias legales sobre aquellas acciones tomadas por los reguladores u organismos que vayan en contra de la ley o de los principios para los cuales fueron creados.
«Los funcionarios tienen que ver hasta dónde sus acciones pueden traerles consecuencias en lo individual -de carácter administrativo o civil-; tendría que haber una reparación de daño a los afectados».
La reunión de seguimiento al Memorándum de 17 puntos enviado por el Presidente a los reguladores el 22 de julio pasado, refleja que el Ejecutivo busca ejercer influencia política en reguladores y operadores como Cenace y Cenagas, señaló.
Daniel Salomón, asociado de González Calvillo, comentó que los servidores públicos deben ser cuidadosos y apegarse a los procesos de modificación de normas para evitar sanciones.
«Lo que seguramente intentarán, dentro de sus facultades es modificar las normas administrativas, disposiciones de carácter general, requisitos para dar permisos, con el riesgo de más amparos».
Marcial Díaz, socio del despacho Lexoil Consultores comentó que sin necesidad de mover una coma a la ley, las decisiones que han tomado los reguladores han sido encaminadas en favorecer a las empresas estatales.
