Pueblos y comunidades indígenas de 10 estados del país conformaron la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea).
Lo anterior, por considerar que las reformas prometidas por la 4T para avanzar en el cumplimiento efectivo de los derechos indígenas siguen congeladas, mientras los megaproyectos avanzan aun en tiempos de pandemia.
“Es momento de poner alto a los atropellos en contra de las comunidades y de construir en serio una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación”, manifestaron los pueblos originarios tzotzil, tzeltal, lacandona, tenek, nahua, maya, hñähñu, purépecha, na savi, tepecano, wixarika, zapoteca, yaqui, mixe y me’phaa, en articulación con organizaciones civiles.
La conformación de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), anunciaron, tiene como objetivo “hacer manifiesto al Estado mexicano que la Nación Pluricultural prevista en nuestra Constitución sigue siendo una quimera y que las políticas y leyes vigentes continúan excluyendo a los pueblos y lacerando sus derechos fundamentales”.
Su preocupación radica en que a pesar de que en los hechos los pueblos siguen construyendo su autonomía, a través del autogobierno, “vemos día con día a gobiernos, empresas y el crimen organizado atentar contra las estructuras tradicionales de toma de decisión; invadir los territorios con proyectos de muerte, por medio de la violencia, la corrupción y falsas consultas; dividir el tejido comunitario, así como atacar y criminalizar a comunidades, organizaciones y defensores indígenas”, precisaron.
Por lo tanto, ante este contexto de injusticia y discriminación sistemática, decidieron hacer valer la exigencia que en 2018 hizo la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos indígenas al Estado mexicano:
“Se requieren medidas eficaces y coordinadas entre instituciones de toda la estructura federal, estatal y municipal para abordar los graves problemas expuestos, incluidas reformas del marco jurídico, político e institucional encaminadas a aplicar los derechos de los pueblos indígenas en temas clave como: tierras, territorios y recursos naturales, sus propias prioridades de desarrollo, libre determinación, participación política y acceso a la justicia. También urgen medidas para resolver los problemas de violencia e inseguridad, así como la pobreza, marginación y discriminación estructural”.
En tal sentido, “demandamos un conjunto de reformas al marco legal, con la participación activa de las comunidades y la sociedad civil, en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos y los Acuerdos de San Andrés Larráinzar”.
De igual manera, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al Congreso de la Unión, impulsar la reforma constitucional a la que se habían comprometido, que busca reconocer los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público y garantizar de forma efectiva sus derechos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio y a sus formas propias de desarrollo y de aplicación de justicia, entre otros derechos.
También demandaron al Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión derogar las distintas formas de despojo legal de los territorios indígenas, vigentes en las leyes energéticas y la Ley Minera, debido al carácter preferente de estas actividades y las figuras de ocupación superficial, así como promover una nueva Ley de Aguas, con apego a derechos y al respeto de los sistemas comunitarios, y una Ley de Prohibición de la Fracturación Hidráulica (fracking).
A los gobiernos y congresos de Guerrero, Michoacán y Oaxaca les exigieron aprobar las reformas en las constituciones y leyes locales para el pleno respeto y garantía del autogobierno y los sistemas normativos y de seguridad propia, promovidas por pueblos y comunidades en estos estados.
En tanto, a la Secretaría de Gobernación, a los Órganos de Seguridad, Procuración y Administración de Justicia y a los Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos les pidieron implementar medidas y sanciones efectivas que aseguren a comunidades, organizaciones y defensores el ejercicio pacífico de su labor de derechos humanos y no ser víctimas de agresiones y actos de criminalización.
La Alianza la conforman Bienes Comunales de la Selva Lacandona, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Cocineras tradicionales y Productoras del campo de la Huasteca, Red Ambiental en Defensa de los Humedales de San Cristóbal, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla y Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA).
