Por Abel Pérez Zamorano
| Sin riego, la agricultura en la vasta zona árida chihuahuense es imposible. A la región centro-sur y noreste les da vida el río Conchos, el más importante del estado y principal afluente del Bravo. La presa más grande en la región del Distrito de Riego 005 es La Boquilla, en San Francisco de Conchos, y junto con Las Vírgenes, en Rosales (ésta sobre el río San Pedro, afluente del anterior) abastece, además de los municipios mencionados, a Camargo, La Cruz, Saucillo, Delicias, Meoqui y Julimes. El agua está concesionada a los 20 mil productores, quienes programan el riego; Conagua opera técnicamente. Antes las válvulas permanecían abiertas; hoy, por la escasez, se cierran hasta por cinco meses. Los agricultores han reducido su producción, para conservar el agua, pero el gobierno federal busca extraer por la fuerza la poca que queda, para pagar deudas a Estados Unidos. Vale señalar que a los ejidatarios, en las antiguas dotaciones se les otorgó junto al derecho a la tierra, el del agua, mismo que ahora está siendo violentado por el gobierno federal con el despojo.
El 19 de julio, elementos de la Guardia Nacional (GN) arrojaron gases lacrimógenos y dispararon balas de goma contra agricultores que protestaban por la extracción en La Boquilla. El 6 de septiembre la Conagua abrió la válvula de desfogue, provocando la protesta de los productores. Dos días después, cinco mil de ellos llegaron a la presa; por la noche la GN disparó contra una pareja de productores, falleciendo en el hecho la señora Yéssica Silva. Encabeza la protesta la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH), y apoyan los alcaldes de Delicias, San Francisco de Conchos y La Cruz (de tres partidos políticos diferentes); y también el de Rosales, de Morena. Hasta hoy sigue tomada la presa, y también las vías del ferrocarril en Meoqui. Como represalia, el 14 de este mes, la UIF, verdugo de la 4T, congeló 44 cuentas bancarias a la alcaldía de Delicias, y a la SRL Río Conchos, seis, en represión a un movimiento popular que defiende la fuente de vida de toda esa región del desierto chihuahuense, basada en el trabajo productivo, necesario siempre, y más hoy, en tiempos de crisis.
El gobierno argumenta que debe cumplir con el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales, según el cual, de los afluentes del Bravo, anualmente deben entregarse a Estados Unidos 431.7 millones de metros cúbicos (Mm3) en ciclos de cinco años; en 2015 cerró el anterior, con deuda, misma que debe cubrirse al concluir este quinquenio en octubre. Chihuahua aporta 55% de la cuota (237 Mm3). Pero ya no hay agua. Entre las tres presas tienen 1,193 Mm3, y para marzo próximo se requieren 1,700 millones. Según mediciones del gobierno estatal, de su capacidad, las presas están ocupadas así: 32.8% en Las Vírgenes, 31 en La Boquilla y 34.5 en El Granero, y hay reducción. En ocasiones se retrasa el pago de agua en espera de que en septiembre se llenen los embalses, pero ahora eso no ha ocurrido.
Para desvirtuar el movimiento, el presidente López Obrador acusa a los productores de “oponerse a que México cumpla sus compromisos internacionales”, y dice que es obra de políticos que lo usan como bandera; pero la presencia y apoyo de personajes políticos no quita ni un ápice a la legitimidad de la protesta. El presidente también hace política, pero contra el pueblo, y eso no es ser de izquierda, como algunos pretenden. Cuando la gente está satisfecha y confía en su gobierno, ni el discurso ni la incitación pueden “crear” conflictos. ¿Será que con solo discursos, cinco mil gentes arriesgan su vida yendo a detener el saqueo del agua? Además, el edil de Rosales, del partido del presidente, se solidarizó con los productores y renunció a Morena. ¿Es también desestabilizador y conspira contra la 4T? Asimismo el presidente dice que, ¡poco, pero está lloviendo y lloverá más!, y que hay agua para completar el ciclo agrícola, pero los agricultores advierten que no habrá para el siguiente. Se justifica también alegando que hay robo de agua; si así es, que se investigue y se proceda conforme a derecho; asimismo, que hay concentración de concesiones, mal uso del agua y falta de transparencia en los reportes. Quizá todo eso sea cierto, pero no justifica vaciar las presas para llevar el agua a Estados Unidos ni balear a los agricultores. Tales excesos llevan lógicamente a suponer una fuerza mayor: una orden de Donald Trump exigiendo el agua en días electorales, para atraerse el voto de los agricultores texanos, misma que López Obrador obedece, a costa de dejar sin agua a los mexicanos que hacen producir el desierto.
El gobierno niega lo evidente: Chihuahua sufre una severa sequía. Cito algunas referencias de prensa basadas en reportes oficiales: “El Monitor de Sequía en México, publicado el pasado 6 de junio por la Conagua, explica que el estado de Chihuahua mantiene el 77.4% de sequía en el territorio…” (El Heraldo de Chihuahua, 8 de julio). Otra nota: “El Gobierno de Chihuahua solicitó una declaratoria emergente por la sequía en la entidad, ya que todas las actividades primarias han sufrido serios estragos ante la falta de lluvias […] Durante el periodo de enero a julio de este año, la precipitación registrada en el estado es de 165.3 milímetros, y el mes de junio registró solo 19.5 mm de lluvia, siendo el mes más bajo en precipitaciones en los últimos seis años…” (Excelsior, 18 de agosto). Otra: “El 78% de los municipios del territorio estatal, han presentado condiciones de sequía, de acuerdo al Informe sobre la Sequía en el Estado de Chihuahua 2020, elaborado con datos del monitoreo de sequía del Servicio Meteorológico Nacional” (El Heraldo de Chihuahua, 19 de agosto). ¿Será muy difícil entender y comprender la situación de quienes dependen directa o indirectamente de la agricultura?
El gobierno debe negociar, con los agricultores y con el gobierno norteamericano. Es falso que fatalmente se derive de todo esto un incumplimiento y sanciones al país; hay instrumentos legales para negociar y evitar el conflicto. Ciertamente, existe un adeudo del quinquenio pasado, pero el tratado, en su Artículo 4, penúltimo párrafo, establece: “En casos de extraordinaria sequía o de serio accidente en los sistemas hidráulicos de los afluentes mexicanos aforados que hagan difícil para México dejar escurrir los 431,721,000 metros cúbicos […] los faltantes que existieren al final del ciclo aludido de cinco años se repondrán en el ciclo siguiente [cursivas más, APZ] con agua procedente de los mismos tributarios”. Además, las de Chihuahua son presas nacionales, y de ellas se ha enviado agua solo cuando están llenas y hay demasías. El agua para Estados Unidos se desvía de las presas internacionales, La Amistad y Falcón, sobre el río Bravo.
Pero sería una ingenuidad dejar todo a la buena voluntad del presidente, que bien se ve, no existe. El pueblo, de Chihuahua y de todo México, debe adoptar medidas para defenderse y proteger sus intereses: frente a la insensibilidad del gobierno es necesario acotar su poder de abuso, su capacidad de cometer arbitrariedades como la de La Boquilla, y esto será posible reduciendo su dominio en la Cámara de Diputados, no votando por los candidatos de Morena el año próximo. El pueblo tiene en sus manos la solución de sus problemas.
