Por Samuel Aguirre Ochoa
| La renuncia de Jaime Cárdenas Gracia al novedoso Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), creado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, es una prueba más del fracaso de la política del gobierno de la 4T, pues en su escrito de renuncia fue claro en las razones para tomar dicha decisión. Señaló que abandonaba dicho instituto porque encontró conductas ilegales de los funcionarios que administran los bienes: se robaban joyas, manipulan las subastas, se quedaban con los premios, procedimientos de valuación que no garantizaban beneficio para el Estado, contratos favorables a las empresas en detrimento del Indep y que no se han liberado 2 mil millones de pesos para pagar los premios de la rifa del avión presidencial, realizada el 15 de septiembre y que el Indep está endeudado con trabajadores y pago de servicios. Señaló también que interpuso denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por tales hechos y que antes los dio a conocer al propio presidente, quien no le hizo caso.
El Lic. Andrés Manuel López Obrador no podrá echar la culpa al pasado ni a los conservadores o neoliberales como acostumbra, pues este Instituto fue una creación de él mismo en lo que lleva de la administración, porque simboliza el eje principal de lo que señaló como el problema fundamental del país y que dijo en campaña que combatiría y ahora ya siendo gobierno ha remarcado ya no existe: la corrupción. Significa que sigue habiendo corrupción en uno de los principales organismos creados ex profeso para combatirlos. El presidente, como acostumbra cuando su gobierno falla, trató de minimizar el problema diciendo que Jaime Cárdenas no aguantó la presión de trabajar en el servicio público y se limitó a nombrar al ex director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, como nuevo titular del Indep.
Sin embargo, creo que es necesario detenerse a analizar con mayor profundidad este suceso porque es muy revelador de la política del actual gobierno. Ya el INEGI, que es un organismo del gobierno, había señalado que la corrupción iba en incremento y son múltiples los señalamientos de analistas que apuntan actos de corrupción de parte de funcionarios de alto nivel del mismo gabinete presidencial y de muy altos funcionarios de los gobiernos estatales y municipales emanados de Morena.
Y no puede ser de otra manera, pues el presidente está equivocado en el planteamiento al decir que el problema fundamental del país es la corrupción, lo que no quiere decir que no exista este cáncer, que efectivamente hay que atacar. Pero considerarlo como la causa principal de la pobreza y de todos los males del país es un error que el Movimiento Antorchista ha señalado desde hace años. Hemos dicho que el problema número uno en México es el modelo económico neoliberal rapaz que ha prevalecido y sigue prevaleciendo en la actual sociedad y que, por tanto, este es el que debe de cambiarse por otro que distribuya la riqueza producida por los trabajadores de la ciudad y del campo.
Hemos sostenido que la corrupción no es un problema moral como asevera el presidente, sino que tiene raíces económicas profundas que hay que ubicarlas, conocerlas y eliminarlas para estar en condiciones de acabar con ella. Hemos dicho que la corrupción es muy antigua pero que no ha existido siempre, como señalan algunos, que se trata de un fenómeno histórico, es decir, que apareció en la vida de la sociedad en un momento determinado de su desarrollo, al aparecer la propiedad privada de los medios de producción y el deseo perpetuamente creciente de acrecentar la riqueza personal de los poderosos, nacido del egoísmo individual y familiar y de la necesidad de diferenciarse, de sobresalir del resto de la sociedad para dominarla mejor, controlarla y mantenerla en paz y trabajando para el bien de los privilegiados.
De aquí se deduce que la corrupción es tan antigua como la propiedad privada y la riqueza privada concomitante, y que ha existido, existe y existirá en todas las sociedades del planeta mientras exista esta forma de propiedad y de distribución de la riqueza social, aunque en países más desarrollados adquiera formas más sutiles y mejor camufladas que en el nuestro, lo que hace creer que allí no existe. Hay que recordar la escandalosa corrupción de los grandes bancos norteamericanos, cuyas maniobras fraudulentas desencadenaron la crisis del 2008 de la cual el mundo entero no acaba de salir. No hay para donde hacerse: los de arriba son corruptos por ambición y los de abajo son corruptos por necesidad.
Y por eso, el único remedio eficaz, es un país con un nuevo modelo económico en el que la riqueza social se reparta en forma más equitativa, que haga a los pobres menos pobres, a los ricos un poco menos ricos, y a ambos, menos proclives a corromperse. El proyecto del presidente López Obrador, primero combatir la corrupción para luego combatir la pobreza y la desigualdad está al revés, está puesto de cabeza y lo sucedido en el Indep pone de manifiesto lo impracticable de la doctrina presidencial.
La única forma de combatir la corrupción es cambiar los objetivos sociales, en donde el ideal no sea el afán de ganancia de unos cuantos magnates, sino el interés de todos los individuos que formamos parte de la sociedad, en donde prevalezca la razón, la justicia y la equidad. Y para construir esa sociedad se requiere de la participación de todo el pueblo organizado, del pueblo consciente y politizado y de su participación activa y vigilante.
Todos somos testigos de que el presidente López Obrador no está haciendo ningún cambio en el terreno económico, sino que el país ha entrado en una etapa de decrecimiento económico, que los proyectos a los que les está apostando no son redituables y que se vislumbra más pobreza. Y en el terreno político, cada vez se desliza más hacia una dictadura de una clase media ambiciosa de poder y de dinero, que en realidad lo que busca es enriquecerse saqueando a los mexicanos, aunque de dientes para afuera digan otra cosa.