En las semanas recientes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana trasladó a más de 200 integrantes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2 Occidente, en Puente Grande, Jalisco, a prisiones con inversión público-privada localizadas en Michoacán, Coahuila y otras entidades.
Con estas acciones se busca despresurizar los centros de reclusión, pero particularmente inhabilitar al penal citado –de donde Joaquín El Chapo Guzmán Loera se fugó en enero de 2001–, ya que los niveles de seguridad penitenciaria se redujeron ahí a tal grado que las puertas de algunas celdas no tenían ni aldabas, aseguraron funcionarios integrantes del gabinete de seguridad.
Los traslados iniciaron sorpresivamente, para evitar que los internos tramitaran juicios de amparo que impidieran su envío del Cefereso 2 Occidente a otras cárceles. Las autoridades entrevistadas refirieron que algunos grupos ponían en riesgo la estabilidad institucional dentro del presidio.
El sistema penitenciario federal tiene 17 mil espacios sin utilizar en ocho centros federales construidos durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa mediante un acuerdo público-privado, que se siguen pagando con recursos del erario como si estuvieran ocupados al cien por ciento. Por ello, y ante la situación que prevalecía en Puente Grande, se decidió cerrar esa instalación, indicaron los servidores públicos consultados.
En este contexto, la Guardia Nacional comenzó a trasladar ayer a parte de los últimos reos que permanecen en el Cefereso número 2, a quienes se llevó a la base aérea ubicada en la 15 Zona Militar, en Zapopan, con destino a otros reclusorios federales.
Al momento se ignora la cantidad exacta de convictos que continúan dentro de Puente Grande, que como el gobierno federal anunció el lunes pasado, será cerrado, pero el Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional detalla que a inicios de julio pasado –el reporte más reciente– el lugar alojaba a 459 presos, y para fines de ese mes quedaban 376 prisioneros, 36 por ciento de la capacidad total de la cárcel, construida para mil 40 internos, pero que llegó a albergar hasta a 2 mil.
La transferencia realizada este martes se efectuó como las anteriores en el año, sin informar a familiares de los internos, quienes alertados por el anuncio del cierre de la penitenciaría pernoctaron a las afueras del Cefereso en espera de noticias, pero sólo pudieron ver pasar poco antes del amanecer al convoy que resguardaba al vehículo blindado donde iban sus parientes, protegidos por un operativo que incluyó al menos 10 unidades artilladas.
