La crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 generará en América Latina y el Caribe hasta 44 millones de nuevos pobres y reducirá el bienestar de 52.2 millones de personas que previamente habían alcanzado la categoría de clase media consolidada, de acuerdo con un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El documento, titulado «Implicaciones sociales del Covid-19 Estimaciones y alternativas para América Latina y El Caribe», advierte que los más afectados serán los grupos que previamente ya eran vulnerables como lo son los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, las minorías étnicas y los migrantes.
«La respuesta a la crisis sanitaria inevitablemente ha generado una reducción drástica de la actividad económica, que se ha convertido en un reto de similares dimensiones al problema de salud.
«Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2020) el efecto sobre el Producto Interno Bruto (PIB) puede ser de una contracción de alrededor de 9 por ciento en la región en conjunto, lo cual lleva a prever, por un lado, a una reducción generalizada de ingresos, y por otro, a exacerbar las brechas sociales previamente existentes ante la falta de una política de protección social consolidada en la mayoría de los países», señala.
La pandemia, que en la región presentó su primer caso en Brasil a finales de abril y hacia el fin de mayo ya era el epicentro a nivel mundial, encontró a América Latina y el Caribe, sostiene el documento, en un estado de fragilidad social y económica, en contraste con el entorno favorable que caracterizó a la primera década del presente siglo.
«En el frente económico, varios países estaban experimentando en los últimos años un crecimiento por debajo de su potencial, mientras que otros se recuperaban gradualmente con una estabilidad macroeconómica incipiente. Un común denominador en ambos casos ha sido el espacio fiscal reducido para reactivar la actividad económica», señala.
Para tratar de amortiguar el daño económico que provocará la pandemia, el estudio, firmado por Ivonne Acevedo, Francesca Castellani, Iván Flores, Giulia Lotti y Miguel Székely, explora cuatro alternativas de política pública que podrían implementarse en la región.
Estas políticas son: dar un seguro de desempleo a los trabajadores del sector formal, otorgar apoyos a los trabajadores que trabajan por cuenta propia, duplicar los apoyos sociales ya existen y recalendarización de pagos de impuestos y contribuciones de seguridad social.
«De acuerdo con nuestro análisis, la política con mayor relación beneficio-costo es la postergación de pagos de impuestos sobre la nómina y de contribuciones de seguridad social, debido a que representa un efecto directo de incremento en el nivel de liquidez para las empresas que puede utilizarse para mantener el empleo y el valor de los salarios, y con un diseño adecuado que postergue su repago hacia el futuro, su costo fiscal neto puede ser cercano a cero», indica.
