Homero Aguirre Enríquez
| El presidente de la República declaró recientemente que en su gobierno ya no había masacres. Ojalá fuera cierto que esa abominable realidad que ha enlutado a cientos de miles de familias hubiera desaparecido de nuestro país, pero desgraciadamente abundan los ejemplos para desmentir esa afirmación presidencial que, como muchas otras de la misma fuente, son simples frases sin respaldo en la realidad o, para decirlo enérgicamente, mentiras abiertas.
Como muchos de los problemas que padecen nuestro país, las masacres no se resolverán, sea cual sea su origen y naturaleza, con una declaración desde la tribuna mañanera, sino con actuación eficaz de las autoridades sobre la realidad que genera o propicia esas muertes brutales; con operación política inteligente y con recursos económicos suficientes que ataquen verdaderamente la raíz de los conflictos y pacifiquen al país. Tal política pública no puede reducirse simplemente a pequeñas transferencias de dinero a una mínima parte de los mexicanos y a declaraciones grandilocuentes, como quiere hacérsenos creer desde el nuevo poder federal, que ha desmantelado áreas y programas a diestra y siniestra, y tampoco se resolverá si los gobiernos estatales se alzan de hombros como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad.
Recientemente, un grupo de sicarios asesinó a tres campesinos e hirió a dos más en Santo Domingo Yosoñama, Oaxaca, una comunidad que desde hace más de medio siglo ha estado en posesión de 1,700 hectáreas de las que obtienen el sustento para sus familias. Una resolución judicial, de esas que se toman a cientos de kilómetros y a espaldas de los directamente afectados, y con mucho dinero y presiones políticas de por medio, ordenó que se quitara a los campesinos posesionarios tal superficie para entregarla a un grupo de gente que tiene su base de operaciones en San Juan Mixtepec y, desde hace años, hace alarde de relaciones de muy alto nivel en los gobiernos estatal y federal. A pesar de que los habitantes de Yosoñama se habían mostrado acordes a llegar a un acuerdo salomónico que dejara aceptablemente satisfechas a las partes en conflicto mediante la aplicación de un programa federal que repartiera la tierra e indemnizara a ambos núcleos, el grupo violento que encabeza a Mixtepec ha cometido incontables delitos para obligar a los campesinos de Yosoñama a retirarse del lugar, desde el secuestro de varias decenas de ellos en el año 2010, agresión de la que existe un video y hay un testimonio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca que se trasladó a comprobar el secuestro y el maltrato de los campesinos y emitió una recomendación para que actuaran las autoridades y liberaran a los secuestrados, hasta más de treinta asesinatos atroces, denunciados y documentados ante las autoridades federales y estatales en turno, sin que haya ninguna detención ni se ponga un alto a los crímenes, como lo demuestran los recientes asesinatos y lesiones arriba señalados y sin que se intente siquiera resolver el conflicto agrario en el que se parapetan los agresores.
Para que el lector tenga idea de la indefensión que padecen los habitantes de Yosoñama, le informo que la inminencia y gravedad del reciente ataque criminal era del conocimiento de las autoridades de Oaxaca, a las que se les advirtió que había gente portando armas largas merodeando el pueblo, lo cual coincidía con declaraciones y amenazas públicas de algunos que se asumen como representantes del grupo agresor asentado en Mixtepec y con amarres políticos en la capital oaxaqueña, muy dados a boletinar acusaciones contra los habitantes de Yosoñama justo antes de agredirlos, usando la conocida táctica del ladrón que grita ¡agarren al ladrón!
Numerosas publicaciones en las redes sociales alertaron, el 23 de junio, sobre ese clima mediático y político amenazante y denunciaron la inacción de las autoridades oaxaqueñas; algunos pobladores de Yosoñama se trasladaron a Oaxaca a intentar hablar con el gobernador para que se tomaran medidas preventivas, como la instalación de una Base de Operaciones Mixtas que alejara a los sicarios. Todo resultó infructuoso, nadie los recibió y no se instaló ningún destacamento de seguridad pública en la zona, lo que sin duda mandó una señal para que los sicarios actuaran a sus anchas.
Esa inacción e indiferencia de las autoridades se han mantenido posteriormente al ataque. No conozco las razones del gobernador Alejandro Murat para no intervenir o recibir a los dirigentes antorchistas y a los deudos de las numerosas víctimas de las comunidades masacradas, pero estoy seguro que ningún mexicano bien enterado de lo que ocurre le reclamará a los habitantes de Yosoñama las protestas que el próximo jueves 22 de octubre realizarán en la capital de Oaxaca en demanda de justicia, movilización que seguramente contará con la solidaridad de miles de mexicanos partidarios de la paz y del progreso.
