Estados Unidos busca contratar asesores para las fiscalías de los 32 estados, que no logran aterrizar protocolos y métodos para operar efectivamente el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
El Departamento de Estado publicó el 15 de octubre una solicitud de información a especialistas interesados para ayudar a las fiscalías locales, que siguen padeciendo carencias operativas no obstante que el NSJP entró plenamente en vigor en todo el País en 2016, y hubo un periodo de ocho años de preparación a partir de la reforma constitucional respectiva.
«El sistema penal acusatorio mexicano todavía no tiene un compendio de políticas, regulaciones, procedimientos y lineamientos para atender múltiples temas relacionados con la actuación eficiente de las fiscalías», explica la solicitud de información, generada por el Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos (INL por sus siglas en inglés).
Una de las tareas del equipo de asesores será la de implementar un sistema de evaluación de rendimiento para los agentes del Ministerio Público (MP) de las 32 fiscalías, que tenga incentivos «claros y predecibles» alineados con dicho sistema.
«Otra de las metas del proyecto es incrementar los índices de persecución de crímenes de alto impacto, mediante la mejora de prácticas gerenciales en las fiscalías estatales, en regiones remotas y austeras a lo largo del país», señala el documento.
La solicitud de información permitirá conocer si hay consultoras o despachos de abogados interesados en el proyecto, para eventualmente convocar a una licitación y adjudicar un contrato por entre uno y cinco años.
El INL maneja recursos de la Iniciativa Mérida, un fondo creado en 2008 para apoyar con 2 mil 300 millones de dólares la lucha contra el crimen organizado en México, del que han salido alrededor de 250 millones de dólares para la transición al NSJP.
