En dos años de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha acumulado poder para hacer cumplir sus decisiones, recursos públicos para concretar sus proyectos prioritarios.
En los hechos, su visión ha sido impuesta a través de cabildeos, negociaciones y alianzas políticas, pero también de amagos, presiones y críticas públicas lanzadas todos los días desde Palacio Nacional.
Sus decisiones más importantes han tenido eco en el Congreso y también en el Poder Judicial.
En otros casos, no ha dudado en utilizar los «decretazos» para hacer cumplir sus disposiciones en las estructuras de Gobierno bajo su cargo.
Cuando recibió su constancia como candidato ganador de la elección presidencial de 2018, López Obrador aseguró que el Ejecutivo no volvería a ser, como en el pasado, el poder de los poderes.
Sin embargo, la visión de su Gobierno se ha impuesto en las reformas aprobadas por el Congreso y, también, en algunas resoluciones clave del Poder Judicial.
Sin haber utilizado, hasta ahora, su facultad de iniciativa preferente, el Presidente ha propuesto al Congreso un total de 29 reformas, de las cuales, más del 65 por ciento han sido aprobadas.
A esas se suman otras propuestas del Ejecutivo, que fueron formalmente presentadas por legisladores de Morena, como los cambios constitucionales para crear la Guardia Nacional, con el aval del Constituyente Permanente.
Usando su mayoría parlamentaria o con el apoyo de aliados como el PT, el PES y el PVEM, los ejes de la Cuarta Transformación han llegado a las leyes e incluso han escalado hasta la Constitución.
El ejemplo más claro -reivindicado públicamente por el propio tabasqueño–, ha sido el establecer en la Carta Magna las dádivas y apoyos que se otorgan a los más pobres a través de los programas de Bienestar.
La lista de cambios aprobados, propuestos por López Obrador, incluye la contrarreforma educativa, prohibir la condonación de impuestos, consulta popular y revocación de mandato, ley de austeridad, ley de salarios máximos y reforma laboral, como condición para concretar el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
También se han aprobado cambios legales para aumentar la lista de delitos graves, perseguir como delincuencia organizada algunos delitos fiscales y dar más ‘dientes’ a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que pueda congelar cuentas, aún sin contar con la orden de un juez.
Las reformas incluyeron la eliminación del Seguro Popular para crear el Insabi; revivir a la Secretaría de Seguridad Pública; convertir la Sedesol en Bienestar; el SAE en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; Bansefi en el Banco de Bienestar y el Cisen en el Centro Nacional de Inteligencia.
Gasto centralizado
El Presidente ha operado distintas estrategias para allegarse de recursos millonarios y centralizar su manejo.
Ejerciendo sus facultades y con la ayuda del Congreso, ha impuesto medidas de austeridad, ha recortado programas para reasignar fondos a sus prioridades, ha eliminado fideicomisos para entregar el control de partidas a la Secretaría de Hacienda y ha endurecido las acciones en materia recaudatoria para cobrar grandes adeudos fiscales.
Según López Obrador, en los dos años que lleva de gestión, las medidas de austeridad y el combate a la corrupción le han permitido ahorrar 560 mil millones de pesos.
En el diseño del Presupuesto de Egresos de cada año, dependencias, programas, poderes y órganos autónomos han resultado afectados ante la decisión de garantizar el flujo de recursos para proyectos ‘estrella’ como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y los programas de Bienestar.
Este año, se concretaron reformas para eliminar 109 fideicomisos y centralizar el manejo de fondos por más de 68 mil millones de pesos.
Además, con el argumento de canalizar recursos a la atención de la pandemia por Covid-19, se avalaron cambios que permiten al Gobierno federal disponer de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar o Fondo de Gastos Catastróficos.
